El Ejecutivo mantendrá la intervención en el ENRE y Enargas.
El Gobierno prorrogó la emergencia energética hasta julio de 2026 mediante el decreto 370/2025. La medida extiende también la intervención del ENRE y Enargas, además del esquema transitorio hacia subsidios focalizados. El argumento oficial: garantizar la continuidad de los servicios públicos. En los hechos, se consolida un modelo de control centralizado y ajuste sostenido.
La Secretaría de Energía asume nuevas facultades para modificar contratos y licencias tarifarias. Con este movimiento, el Ejecutivo concentra decisiones estratégicas en un área crítica, sin controles ni debate público.
La narrativa oficial responsabiliza al “intervencionismo” por la crisis del sector, pero omite los efectos del tarifazo, el desmantelamiento regulatorio y el retiro progresivo del Estado. La eliminación de la inscripción automática al RASE dejó sin cobertura a más de un millón y medio de hogares.
Mientras se profundiza el ajuste, el Gobierno afianza su discrecionalidad sobre un servicio esencial.