La OCDE redujo la previsión de crecimiento de Argentina

El nuevo informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestra un panorama complejo para la economía argentina, ajustando a la baja su proyección de crecimiento para 2025 del 5,7% al 5,2% y elevando su estimación de inflación del 28,4% al 36,6%. El organismo internacional modifica sus previsiones en sintonía con una coyuntura que plantea desafíos: la política económica del gobierno de Javier Milei aún no logra estabilizar el país y empieza a mostrar señales de desgaste.

Aunque la OCDE prevé una mejora del consumo privado y la inversión por un posible repunte de los ingresos reales y un clima más favorable para los negocios, el informe pasa por alto un aspecto central: los salarios continúan rezagados frente a la inflación. Las negociaciones paritarias apenas alcanzan incrementos del 2% mensual, en tanto que los datos oficiales del INDEC confirman una suba de precios persistente. El relato oficial sobre la recuperación económica choca con la experiencia cotidiana de millones de argentinos que aún no ven mejoras en su poder adquisitivo.

Ajuste fiscal y reformas: el costo social del modelo

El documento también mantiene una mirada técnica sobre el ajuste fiscal, al que define como “exitoso”, y plantea la necesidad de profundizarlo mediante reformas estructurales. Entre estas, menciona la reducción de subsidios, la ampliación de la base tributaria y la eliminación de ciertas exenciones del IVA. Sin embargo, estas medidas, lejos de enfocarse en los sectores de mayores ingresos, suelen impactar con mayor fuerza sobre las clases medias y bajas.

En relación al comercio exterior, el informe alerta sobre una posible desaceleración de las exportaciones por la apreciación real del peso y el endurecimiento de barreras comerciales en Estados Unidos. Aunque hay moderadas expectativas en torno al desempeño del sector agroexportador, el escenario general continúa marcado por la incertidumbre. El aumento de las importaciones tampoco garantiza, por sí solo, un impacto positivo en la producción ni en la creación de empleo.

Por su parte, el gobierno celebra que organismos internacionales destaquen sus avances en materia regulatoria, pero no menciona que esa desregulación, en muchos casos, implica una mayor fragilidad para trabajadores y trabajadoras. En lugar de avanzar hacia la formalización, algunas medidas del actual rumbo económico parecen acelerar un proceso de precarización que amenaza derechos adquiridos.

La OCDE, en su rol de acompañamiento técnico a políticas ortodoxas, respalda sin grandes matices el sendero elegido por el Ejecutivo argentino. No obstante, detrás de los números y las proyecciones, se impone una realidad difícil de ignorar: la Argentina de todos los días, la de quienes producen, trabajan y consumen, permanece estancada en un ajuste que golpea con dureza. El anuncio de un repunte del PBI del 4,3% para 2026 suena lejano para quienes apenas llegan a fin de mes, y la pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿quién paga el costo de este modelo?