Nueva marcha federal contra el ajuste en Capital Humano

Tras una cumbre del Partido Justicialista bonaerense, intendentes y funcionarios confirmaron que este miércoles 29 de abril encabezarán una nueva movilización hacia el Ministerio de Capital Humano. La protesta busca visibilizar la deuda que el gobierno nacional mantiene con la Provincia de Buenos Aires en relación al Servicio Alimentario Escolar, un programa que sostiene la asistencia en comedores y que, según los cálculos oficiales, acumula un rojo superior a los $220.000 millones.

Una deuda que golpea a los más necesitados

El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, señaló que Nación se había comprometido a financiar el 20% del SAE, pero los giros efectivos apenas superaron el 10%. La advertencia se suma a la denuncia de que la crisis alimentaria se profundiza en los municipios y que las medidas de emergencia adoptadas por la administración de Axel Kicillof —incremento del 30% en el SAE, duplicación de la asistencia a municipios y aumento del 25% en prestaciones sociales— resultan insuficientes sin el acompañamiento financiero nacional.

Fondos para infraestructura

En paralelo, los jefes comunales que integran la Federación Argentina de Municipios denunciaron que el ministro de Economía, Luis Caputo, retiene recursos que deberían destinarse al mantenimiento de rutas nacionales. Según la ley 23.966, un porcentaje de lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles debe aplicarse al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, con destino específico en obras viales. Sin embargo, los intendentes sostienen que gran parte de esos fondos se desvían hacia operaciones financieras, compra de dólares y pago de bonos con intereses elevados.

De acuerdo con sus cálculos, el año pasado se recaudaron $3.5 billones para el fideicomiso, de los cuales $2.25 billones debían transferirse a Vialidad. Economía reconoce que solo se giraron $1.2 billones, lo que deja un faltante de $1.15 billones. Para los intendentes, esa retención podría encuadrarse como delito de malversación de caudales públicos.

La marcha del 29 de abril se perfila como un nuevo capítulo de tensión entre la Provincia y la Nación, con intendentes dispuestos a sostener la presión en las calles y en los tribunales, en defensa de los recursos que consideran esenciales para garantizar la asistencia social y el mantenimiento de la infraestructura.