Ofensiva judicial para declarar inconstitucional el tarifazo del gas

El defensor del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, solicitó al juez federal de Junín, Héctor Plou, que decida sobre el precio de gas en boca de pozo y que “tenga la valentía de fallar a favor de la gente que  no puede hacer frente a un servicio básico como es el del gas”. 

La demanda colectiva sobre la cual el magistrado debe pronunciarse plantea la necesidad de escuchar las protestas de quienes no pueden pagar la factura. En este sentido, Lorenzino aseguró a este medio que la Defensoría tiene “muchos reclamos de ciudadanos que no pudieron afrontar el servicio”. Asimismo, expresó que “el valor del precio del gas es inconstitucional e insólito porque está atado al dólar”. El valor de la boca de pozo se actualiza permanentemente cuando sube la divisa ex­tranjera, entonces a medida que el dólar sube, impacta en la tarifa del gas. 

“El valor del servicio no guarda relación con el salario de la gente, porque los ciudadanos no ganan en dólares. Nos parece que es una doble imposición y que el juez tiene que tomar nota de este tema y hacer una resolución que proteja a las personas”, manifestó el defensor. 

“Estamos en contra de las actualizaciones tarifarias y de que encima éstas sigan la suba del dólar, nos parece que los ciudadanos no tienen ninguna protección y por eso fuimos a la Justicia y esperamos que la Justicia sea la que nos de algún cuidado al bolsillo de la gente”, agregó. 

Sin plazo

El juez Plou no tiene plazo para resolver, puede tomar una decisión en los próximos días o cuando disponga, pero Lorenzino aseguró que desde la Defensoría quieren “que sea rápido, porque la gente el problema lo tiene hoy, no dentro de un año”. “Sería importante que el juez tenga la actitud de estar adelante de las circunstancias y poder saldar rápidamente este conflicto, que si no es dentro de lo que nosotros queremos, iremos a la Cámara”, instó el funcionario. 

En este marco, el defensor del pueblo provincial sostuvo que “en 25 meses” no ha habido ninguna política que “cuide el bolsillo de la gente”. Para Lorenzino, “tal vez había que hacer todas las actualizaciones de tarifas, pero no de esta manera, porque son actualizaciones que llegan al 1.000 o 1.500% y a eso tenés que sumarle el revalúo inmobiliario, el agua, la luz, el gas, la vida”. 

“La gente claramente está eligiendo qué paga, hay muchas personas que no pueden abonar servicios esenciales, por eso nos estamos oponiendo a la audiencia pública del agua la semana que viene. Porque no hay más margen para actualizar ningún cuadro tarifario, por lo menos por muchos años ya que no hay posibilidades de que la gente los pueda afrontar”, concluyó el funcionario.

Los problemas para acceder a la tarifa social

El titular de la Defensoría bonaerense, Guido Lorenzino, también instó a que se mejore la tarifa social, beneficio al cual, aseguró, “es muy difícil acceder” porque la gente tiene que ir a solicitarlo y, actualmente, debería ser otorgado automáticamente. 

“Como ya sabemos, son los beneficiarios de la AUH y los jubilados que cobran la mínima la gente que debería tenerla y que está empadronada, porque hoy el sistema te permite identificar ese universo. Tendrían que dársela a todos los que están en condiciones de recibirla”, explicó. 

Según el defensor, se tendría que controlar si alguno de esos beneficiarios no cumple con los requisitos que se necesitan para contar con la tarifa social, pero no debería seguir sucediendo que la gente tenga que ir a pedirla porque algunas personas no lo hacen. “Es gente muy vulnerable que muchas veces no conoce los requisitos. Es un buen beneficio, pero hoy la mayoría de la gente que está en condiciones de tenerla no sabe hacer el trámite, entonces termina siendo una utopía”, sostuvo. 

A la tarifa social pueden acceder los beneficiarios de programas sociales, jubilados o pensionados que cobren menos de dos veces la jubilación mínima ($9.918), trabajadores que cobren dos salarios mínimos o menos ($12.120), personas con discapacidad, ciudadanos inscriptos en el Monotributo Social, empleadas del servicio doméstico y personas que cobren seguro de desempleo.