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Una comitiva de organizaciones viajó a esa provincia por los 2.000 días que lleva presa Milagro Sala. La consideran “una presa política” y subrayan que no es la única víctima de las arbitrariedades del gobierno de Gerardo Morales y de la Policía.
11/07/2021 - 00:00hs
Una comitiva de organizaciones de derechos humanos, encabezada por miembros del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), denunció ayer en un comunicado el “grave nivel de violencia institucional” que se vive en la provincia de Jujuy, gobernada por Gerardo Morales.
La comitiva, que integran también representantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de La Matanza y el Movimiento Villero Alberto Balestrini, viajó a la provincia norteña para denunciar la situación de la dirigente social Milagro Sala, que lleva más de 2.000 días presa.
“Hemos identificado como marca específica en esta provincia el uso del código contravencional para controlar o reprimir cualquier manifestación”, dijo Diego Morales, director del CELS, que ayer estuvo recibiendo denuncias sobre este tipo de represión.
El dirigente dio como ejemplo el caso del barrio Campo Verde, en el cual “se ejerció violencia institucional contra ciudadanos que intentaron defender un espacio de encuentro” y Sala fue denunciada como instigadora.
“En realidad fue un episodio de represión, y lo que hay que investigar son los abusos policiales”, dijo el director del CELS, que anticipó que habrá otro viaje a Jujuy para recoger más denuncias y procurar un encuentro con las autoridades.
Por su parte, Berta Lozano, de la APDH, dijo que “hay una sistematización de la violencia en Jujuy” y que el gobierno provincial arremete “no solo contra Milagro Sala, que es una presa política”, sino también contra otros activistas.