Pidieron que los represores “no se vayan en silencio”

Familiares de desaparecidos declararon ayer en el juicio unificado que se sigue en La Plata y pidieron celeridad en la tramitación de estos juicios y a los represores que “no se vayan en silencio” y “que cuenten qué pasó”.

Se trata de Fabián Muñoz, sobrino de una mujer desaparecida, quien aún busca a su hermana Silvia, desaparecida cuando estaba embarazada; y de Ana Laura Mercader, cuyos padres Anahí y Miguel Mercader fueron secuestrados y estuvieron desaparecidos desde febrero de 1977 y cuyos restos fueron identificados en el 2011 por el EAAF en el Cementerio de Rafael Calzada.

Ambos declararon ante el Tribunal Oral Federal (TOF) n° 1 de La Plata, que desde el pasado 27 de octubre juzga a 17 represores, entre ellos Miguel Etchecolatz, por los secuestros, torturas, y crímenes cometidos contra casi 500 víctimas alojadas en los centros clandestinos de detención conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno, en Lanús.

“Una reparación integral sería que los genocidas hablen, que más allá de lo que cometieron, no se vayan en silencio, que cuenten qué pasó. Ahí no sería una reparación del Estado sino de ese enemigo que nos persiguió, que nos destruyó, que nos aniquiló, y nos permitiría dar el cierre de algunas cosas que dejan abiertas”, manifestó Muñoz, quien reclamó que “el Estado le de continuidad y celeridad a estos juicios” y que se “profundice la búsqueda de los nietos y nietas”.

En tanto, Ana Laura Mercader testimonió por el secuestro y desaparición de sus padres Anahí Fernández y Miguel Mercader, en febrero de 1977.

“Es inconcebible todo lo que pasamos. Nunca vamos a estar completos. Existió una Justicia en materia de derechos humanos, fue pionera y ejemplo en el mundo, pero a 45 años de este horror podemos ver que el tiempo sigue pasando y los procesos judiciales no están completos”, aseguró.

Mercader resaltó además que “los hijos e hijas hemos pasado nuestra vida intentando completar nuestra identidad, nuestra historia, completar proyectos familiares, completar nuestras descendencias y seguimos intentando completarnos”.

“A 45 años pregunto, y muchos de mis compañeros se preguntan ¿cuántos años más tenemos que sobrevivir para vivir en paz? ¿Cuánto tiempo más necesitamos para que se unifiquen las causas y haya sentencia firme? No queremos seguir sintiendo esta incertidumbre de si vamos a llegar a ver que se haga justicia, no solo por nuestra generación sino por las generaciones venideras”, reclamó.

El TOF n° 1, compuesto por Walter Venditti, Esteban Rodríguez Eggers y Ricardo Basilico, juzga por los delitos cometidos en el Pozo de Banfield y el Pozo de Quilmes al exministro de gobierno bonaerense durante la dictadura, Jaime Smart; al exdirector de Investigaciones de la Policía bonaerense, Miguel Etchecolatz; el exmédico policial Jorge Antonio Berges; y a los imputados Federico Minicucci, Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda y Jorge Di Pasquale.

También comenzó a juzgar a Guillermo Domínguez Matheu; Ricardo Fernández; Carlos Fontana; Emilio Herrero Anzorena; Carlos Hidalgo Garzón; Antonio Simón; Enrique Barré; Eduardo Samuel de Lío y Alberto Condiotti.

Por los crímenes en el Pozo de Banfield y Quilmes, dos de los centros clandestinos de detención más grandes que funcionaron en el territorio bonaerense, se juzgan los delitos sufridos por 429 víctimas, y está previsto que declaren unos 400 testigos.

Por los cometidos contra 62 víctimas en el centro conocido como El Infierno, que funcionó en la Brigada Lanús, es juzgado también Etchecolatz, Jaime Smart, Juan Miguel Wolk (también juzgado por ambos Pozos) y el expolicía Miguel Ángel Ferreyro.