Presentaron acción judicial para intentar frenar el Plan de Renovación del Casco Histórico en CABA

Vecinos y vecinas de los barrios de San Telmo y Monserrat, junto a organizaciones sociales, presentaron una acción judicial para intentar frenar el Plan de Renovación del Casco Histórico que realiza el gobierno porteño en más de 70 cuadras de la zona.

Política

27/09/2022 - 00:00hs

Ciudadanos y organizaciones sociales del casco histórico de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) presentaron una acción judicial con el fin de frenar el “Plan de Renovación del Casco Histórico” que realiza el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, en más de 70 cuadras de la zona.

Los vecinos y vecinas de San Telmo y Monserrat vienen realizando diversas manifestaciones en rechazo de las obras, desde que el GCBA anunció en abril la “renovación” del casco histórico.

Entre otros puntos, aseguran que las obras en las calles, que incluyen la nivelación de calzadas y veredas, modifican la morfología tradicional del casco, incumpliendo lo establecido por el Código Urbanístico (CUR) para el Área de Protección Histórica (APH) n°1.

Asimismo, advierten sobre el peligro de inundaciones por la modificación de sistemas pluviales y reclaman una Evaluación de Impacto Ambiental de la obra en su conjunto.

Nucleados en la asamblea Barrios Históricos Vivos, ahora llevaron el reclamo a la Justicia para intentar frenar el proyecto a través de una acción de amparo patrocinada por Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), y acompañada por otras organizaciones como la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (Ipypp) y el movimiento La Ciudad somos quienes la habitamos.

En la acción presentada pidieron una medida cautelar que interrumpa la implementación del plan y suspenda el inicio de las obras que aún no han comenzado “hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental acumulativa y una evaluación ambiental estratégica”.

La modificación principal que impactará sobre toda la zona consiste en la nivelación de calzadas y aceras eliminando el característico desnivel entre vereda y calle, típico del paisaje del casco histórico desde la época colonial.

En efecto, según el CUR, en el APH n°1 la morfología “debe ser protegida y mantenida”. El mismo CUR prevé que “en las veredas se mantendrán las dimensiones actuales”.

Las organizaciones aseguran, además, que el cambio de morfología se corresponde con un proceso de “gentrificación” y “descontrol del uso del espacio público” en la zona, para transformarla “en un gran polo gastronómico y de entretenimiento a cielo abierto, destinado principalmente al turismo”.

Según indican, en los últimos tiempos aumentó drásticamente el uso de veredas y calles por parte de los locales gastronómicos para ubicar mesas y sillas.

En este sentido, en la misma acción judicial pidieron que se elabore, a través de la conformación de una Mesa de Trabajo con vecinos y vecinas, un “protocolo de uso del espacio público” consensuado para regular las intervenciones comerciales sobre las calles.

El protocolo tendría el objetivo de garantizar “la compatibilidad de los usos residencial y comercial, y la adecuada habitabilidad de las personas que residen en el barrio”. Los vecinos y vecinas reclaman “un control diario, permanente y riguroso del respeto de las normas de uso del espacio público dentro del polígono del APH n°1 con relación a la ocupación de la calzada y las veredas con sillas y mesas”.

Otro de los aspectos denunciados en la acción de amparo es el de las posibles consecuencias de la modificación del sistema fluvial de las calles de la zona. Las organizaciones acompañaron la presentación judicial con un informe técnico elaborado por la ingeniera María Eva Koutsovitis, coordinadora de CLIC, que alerta sobre los impactos de esos cambios.

A su vez, cuestionan la decisión de eliminar el paso de colectivos por las calles de la zona, ya que se tomó sin prever “un sistema alternativo que garantice la accesibilidad y la movilidad de personas mayores, personas con discapacidad y personas con movilidad reducidas”. Por eso reclaman que se suspenda la decisión hasta que se implemente un sistema para garantizar ese acceso.

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