Procesaron al titular del PAMI por robarle a los jubilados

El juez Claudio Bonadio dictó el fallo contra Luciano Di Cesare, en el marco de la causa que investiga presuntas irregularidades en la financiación de gastos del gobierno con fondos de la obra social, en lugar de garantizar las prestaciones. Alertan sobre un déficit que pone en riesgo a los beneficiarios

A todo cerdo le llega su San Martín. Y ese momento se acerca para el kirchnerismo, que en estos doce años barrió con la división de poderes, que cooptó jueces -lo que equivale a decir, compró su libertad-, archivó causas en su contra, persiguió a opositores y se erigió en jefe supremo del Estado. Pero ahora, el círculo comienza a cerrarse y el banquillo de los acusados espera por ellos. Lentamente, porque todavía restan 20 días para que Cristina Kirchner entregue la investidura presidencial y tanto ella como su corte de funcionarios y amigos del poder pretenden estirar la impunidad, que sueñan eterna.

Así es que, en el marco de una causa que inició el fiscal Carlos Stornelli basado en denuncias de la legisladora porteña Graciela Ocaña, ayer, el juez federal Claudio Bonadio dictó el procesamiento del titular del PAMI, Luciano Di Cesare. El caso investiga por qué, entre 2008 y 2012, el organismo destinó fondos de su presupuesto para financiar gastos del gobierno mediante la compra de más de $ 2000 millones de letras del Estado, en lugar de garantizar la calidad de las prestaciones para los jubilados.

Bonadio considera a Di Cesare “penalmente responsable por el delito de defraudación a la administración pública, por administración fraudulenta, por el que deberá responder en calidad de autor”, y enfatiza que “el nombrado, abusando del cargo que ocupaba e incumpliendo sus obligaciones, desvió sumas de dinero de las arcas del PAMI, dándoles un destino diferente al que correspondía a sus fines propios y ocasionando, de esa manera, perjuicio en las prestaciones del organismo, […] en detrimento del Instituto y sus beneficiarios”.

Además, el magistrado dispuso “trabar formal embargo sobre los bienes y dineros de Di Cesare, suficientes hasta cubrir la suma de pesos”; ordenó que se presente en su tribunal “dentro de las 72 horas de anoticiado”; y señaló que este delito podría significarle al funcionario una pena de un mes a seis años de prisión, según el Código Penal.

En tanto, Bonadio indagó también al exministro de Economía, Hernán Lorenzino; al extitular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega; y a tres gerentes del PAMI: Carlos Ariel Lieutier, Pedro Miguel Insausti y Danilo Carlos Zelaya. A Lorenzino, el juez le dictó falta de mérito, mientras que los otros funcionarios fueron sobreseídos.

Desde Cristina a Amado Boudou, todavía resta que la Justicia llame a indagatoria a decenas de funcionarios que deberán pagar los costos del banquete K, que dejó a la mayoría de los argentinos afuera, que volvió más flacos los bolsillos de los que menos tienen, de los abuelos, a los que la inflación les come su mensualidad, y que vació todavía más el estómago los pobres que el gobierno niega.

Di Cesare disparó contra Bonadio

Para el procesado titular del PAMI, Luciano Di Cesare, “es llamativo que -el juez federal Claudio- que Bonadio dicte procesamiento a tres días del balotaje, esta decisión tiene un alto y claro componente político y electoral”, formuló, y agregó que el magistrado “le hace un gran daño a la Justicia, porque tiñe de sospechas su funcionamiento con decisiones arbitrarias como estas. Si quiere hacer política, lo correcto sería que renunciara a su magistratura y se sumara a un partido político”, chicaneó.

“Espero que la Justicia actúe antes de que los K se vayan del poder”

Por Graciela Ocaña (Legisladora porteña por Confianza Pública. Denunciante en la causa contra Luciano Di Cesare)
Especial para Hoy

Me parece muy importante el procesamiento de Luciano Di Cesare, porque hubo una defraudación pública con los fondos de los jubilados, que se utilizaron para financiar al Estado Nacional.

Es significativo que la Justicia actúe antes de que el kirchnerismo se vaya del poder, y espero que también avancen otras causas judiciales, como la del plan Qunita, que investiga el presunto sobreprecio en las licitaciones para la construcción de kits maternales y por la que ayer declaró el jefe de Gabinete, Aníbal “La Morsa” Fernández.

Pero vayamos a la cuestión del PAMI, donde, a pesar de que ocultan información, sabemos que en 2013, todo el superávit operativo que tenía esta obra social se perdió y lo que quedó es un déficit que no alcanza para dar las prestaciones de $ 3 mil millones a los beneficiarios. El agravante es que, ante esta situación, Di Cesare eligió financiar al gobierno desfinanciando a los jubilados, que es a quienes se debe la obra social.

Como si esto fuera poco, el funcionario sigue nombrando gente: en la última semana entraron más de 160 personas, de las cuales 100 son militantes de La Cámpora, trabajadores no habituales del Instituto (NdR: meses atrás, la legisladora denunció el copamiento en el organismo de unos 6000 integrantes de la agrupación creada por Máximo Kirchner).