Realizaron jornadas sobre el lawfare como fenómeno de persecución política en latinoamérica

Ayer el Centro Cultural Haroldo Conti (ex-ESMA) fue sede de las jornadas que organizó la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, donde se puso en discusión la utilización de la Justicia para perseguir a dirigentes opositores o lawfare no solo en Argentina, sino en toda la región.

En este marco, se presentaron 200 ponencias en 30 mesas temáticas que abordaron distintos ejes. A su vez fueron coordinadas por profesionales y referentes académicos.

El panel inaugural del encuentro contó con la participación del ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, el procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla. Además, tuvo la participación especial del expresidente de Ecuador, Rafael Correa.

Una herramienta siniestra

El exmandatario ecuatoriano denunció la “brutal persecución de los últimos cinco años” que sufrió, y aseguró que “no es casualidad” que el uso de la Justicia haya sido en su contra y en contra de Cristina Fernández de Kirchner, de Lula da Silva, de Jorge Glas (exvicepresidente de Ecuador), de Evo Morales, y de Dilma Rousseff.

Además puntualizó que la acción del lawfare “no solo roba vidas y personas, también la democracia” de los países de la región. Luego se refirió a la situación con Lula da Silva: “Cuando metieron preso a Lula no sólo lo metieron preso a él, sino que le robaron la democracia a Brasil”.

Por su parte, el ministro Soria habló sobre la “mesa judicial” que involucra al expresidente Mauricio Macri: “Tuvo como primer objetivo a Cristina Fernández de Kirchner y su familia”.

Para Soria, hasta diciembre del 2020 “faltaban pruebas para confirmar lo que ya sabíamos: que existía esa mesa judicial desde donde se armaban causas, se operaba y se perseguía. Pero hace un año atrás, descubrimos los primeros encuentros clandestinos, los del fiscal Stornelli, quien entró a escondidas, sin audiencia oficial, al despacho de Macri. A partir de ahí, empezaron a aparecer las pruebas y se fue comprobando todo lo que veníamos denunciando”.

Por su parte, el secretario de Derechos Humanos afirmó que “el lawfare en América Latina es la nueva forma que encontraron los sectores de poder para contrarrestar, para mellar a los gobiernos nacionales y populares”. En este sentido, Pietragalla compartió una reflexión y el análisis de este fenómeno, y dijo que “para nosotros representa un gran retroceso y hay que visibilizarlo”.

“La única herramienta que tenemos para que esto no suceda y no se cometa más contra los gobiernos nacionales y populares es que visibilicemos esta problemática, que la analicemos y reflexionemos, para generar anticuerpos en nuestra sociedad, y generemos también sentido común para que estos hechos, que sabemos que fueron de un impacto muy fuerte en la opinión pública, no sucedan nunca más”, aseguró.

Por su parte, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, se refirió a este fenómeno como la “manipulación de una herramienta: la ley, que es una herramienta que se deja de usar para el orden social y como un arma”.

También afirmó que esta práctica “tiene víctimas determinadas, determinados colectivos que se estigmatizan”. “Los perseguidos son personas que forman parte de la discusión sobre la distribución de los recursos y que tienen una posición sobre esa distribución”, apuntó.

Finalmente, Zannini sostuvo que “el objetivo final (del lawfare) es el desprestigio de la dirigencia política, para que el pueblo esté más sujeto a la división y a la menor defensa de su soberanía y de sus intereses. Es una manera de atomizar pueblos y regiones. Caída la política, ¿qué le queda a los humildes como posibilidad de defensa?”.