Remedios oncológicos: los imputados con beneficio

Los diez detenidos que tuvo la causa por la estafa con medicamentos de alto costo siguen imputados, pero están en libertad por un beneficio otorgado por un polémico juez

El 10 de agosto de 2013 la Fiscalía de Delitos Complejos de La Plata ordenó la detención de diez personas acusadas de una estafa millonaria en el seno del IOMA. Resultaron detenidos: Marcelo Pergiácomi, subdirector de Farmacia de la entidad (excandidato a Presidente de Estudiantes de La Plata); el jefe del Departamento Auditoría y Fiscalización Farmacéutica y Bioquímica, Sergio Massaccesi y un médico auditor, Guillermo Fernández Planta, cuyo nombre se hizo famoso en los años ´80 cuando se vio involucrado en el escándalo de la crotoxina. También fueron arrestados empresarios y farmacéuticos.

La causa está caratulada como “asociación ilícita y estafas reiteras en perjuicio de la administración pública”, delitos castigados con severas penas de prisión, debido a la cantidad de facturaciones falsas detectadas. 

Pocas semanas después de las detenciones, hizo su aparición el polémico titular del Juzgado de Garantías Nº 2, Julio César Melazo, que hizo lugar al pedido de los abogados defensores, en especial de su entrañable socio y amigo, Fernando Burlando, quien asiste a dos de los imputados: Piergiácomi, y al empresario Leonardo Daniel Paci. 

El dictamen del juez de Garantías implicó una excarcelación extraordinaria. Es que tanto otro juez anterior, Guillermo Atencio, y luego la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata, le habían denegado a todos los detenidos la excarcelación simple. Y por un motivo evidente: los delitos que se imputan no admiten esa posibilidad. Sin embargo, Melazo dispuso un coctel de excarcelaciones extraordinarias, en cada caso, haciendo valer tecnicismos como que poseen domicilio, arraigo, trabajo, vínculos familiares como padres de avanzada edad o hijos menores. Algo que no se contempla, por caso, para la inmensa mayoría de los reos que superpueblan las cárceles bonaerenses. Y el juez les fijó una fianza irrisoria.  Concretamente, para el caso Piergiácomi y de Leonardo Massaccesi  el monto real fue de $100 mil (cuando la estafa cometida multiplica varias veces es suma).  En tanto, a dos farmacéuticos que son hermanos, Andrea Fabiana Heintz y Guillermo Ariel Heintz, se les fijó una caución de $50 mil a cada uno. Lo mismo ocurrió con otros dos farmacéuticos que son matrimonio.  Asimismo a  Víctor Hugo Shama -imputado por haber sido supuestamente el nexo entre los funcionarios de la obra social y las farmacias que actuaban como mercado negro de los medicamentos oncológicos-  sólo se le fijó $25 mil de fianza porque se le imputa el delito de asociación ilícita y no el de los fraudes reiterados. 

El manto de protección que existe en el IOMA para los funcionarios acusados de corrupción es escandaloso: tal como lo informó Hoy, Piergiácomi y  Ma-ssaccesi volvieron a cobrar su sueldo en la obra social como si nada hubiese pasado

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