Sanción de $400 millones para Edesur por los cortes

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad castigó a la empresa y la conminó a devolver $10.325 a cada usuario afectado por los cortes de fin de año. Es por lo prolongado de las suspensiones y la “deficiente calidad de atención y servicio”. En tanto, ayer se empezaron a definir en audiencia pública las nuevas tarifas de gas.

Política

20/01/2022 - 00:00hs

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) conminó ayer a la Empresa Distribuidora de Energía Sur (Edesur), que presta el servicio eléctrico en la zona meridional del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), a bonificar automáticamente la suma de $10.325 a cada uno de los usuarios que resultaron afectados por los masivos y prolongados cortes de energía que se produjeron en los últimos días de 2021 y los primeros de este año. Se estima que el monto que la compañía deberá devolver supera los 400 millones de pesos.

A través de la resolución número 08/2022, el ENRE dispuso la sanción en consideración a “la deficiente calidad de atención y servicio brindado a las personas usuarias, en virtud de la magnitud y la persistencia en el tiempo de las afectaciones”, informó ayer la propia entidad reguladora.

El monto que Edesur deberá devolver a cada usuario (en forma automática sin necesidad de que medie reclamo por su parte) es el equivalente al precio de 2000 kilowatts-hora (kWh), que es lo que corresponde resarcir en el caso de cortes prolongados o reiterados. La resolución del ENRE obliga a compensar así a los usuarios que se hayan quedado sin servicio entre el 27 de diciembre último y el 4 de enero de 2022.

“La empresa dispone de un plazo máximo de cinco días para realizar la presentación de la nómina completa de usuarios y usuarias alcanzadas por la Resolución, la cual quedará sujeta al posterior análisis del ENRE para verificar la correcta aplicación de la bonificación”, explicó el ente.

Para el organismo oficial, buena parte de lo que ocurrió es culpa de la empresa eléctrica. La “deficiente calidad de respuesta y atención” de Edesur, indicó el ENRE en su comunicado, “se debe a que destina un 50% menos de cuadrillas para la atención de reclamos en relación con la demanda promedio de la empresa y la cantidad de personas usuarias”. Es decir que solamente llega a cubrir la mitad de la necesidad de reparación y mantenimiento.

“Por lo antes mencionado, este Ente considera que la deficiente gestión operativa del grupo controlante de la empresa Edesur es el principal factor que repercute en el constante incumplimiento de la concesionaria de los parámetros básicos fijados para la atención a la persona usuaria de los servicios públicos en la Argentina”, concluyó el ENRE.

Audiencia por las tarifas de gas

En tanto, ayer se realizó la primera de dos audiencias públicas fijadas por el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) para definir la “adecuación transitoria” de la tarifa del servicio de transporte y distribución por redes del gas domiciliario.

Presidida por el gerente general del Enargas, Osvaldo Pitrau, la audiencia (que se inició por la mañana y continuaba al cierre de esta edición) se realizó en forma remota, a través de una plataforma de internet, y se preveía que expusieran 108 oradores. Entre ellos figuraban, por ejemplo, los defensores del Pueblo de diferentes provincias argentinas, pero también legisladores, miembros de asociaciones de consumidores y usuarios y representantes de las diferentes empresas que intervienen en la provisión del fluido.

El exdiputado y presidente de la asociación Consumidores Libres, Héctor Polino, enfatizó que los efectos de la pandemia de coronavirus aún continúan y recordó que se tomaron medidas para garantizar el acceso a los servicios e impedir los cortes por falta de pago. El aumento en las tarifas tuvo “bajo impacto” en el primer tramo de la pandemia, pero “esta situación puede modificarse drásticamente” si se conceden los aumentos reclamados por las empresas, del 80% para arriba, advirtió Polino.

Al igual que en la audiencia pública anterior, Francisco Verbic actuó como defensor de los usuarios, ejerciendo así un rol que no se utilizaba desde la audiencia para readecuación tarifaria realizada en 2003, y antes, en la de 1995.

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