Organizaciones de derechos humanos repudiaron una solicitud de los abogados de Santiago Omar Riveros, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo pidió que no se le otorgue ese beneficio
La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, víctimas y familiares de desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar se opusieron ayer a que se le otorgue la libertad condicional al exjefe de Institutos Militares de Campo de Mayo, Santiago Omar Riveros, condenado por delitos de lesa humanidad.
El planteo lo formularon durante una audiencia virtual que encabezó la jueza de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal 1 de San Martín, Silvia Mayorga, en el marco de la ley sancionada en 2017 que establece que se debe escuchar a las víctimas antes de definir una medida que mejore las condiciones de detención de un procesado.
Riveros fue condenado a la pena única de prisión perpetua, en el marco de la causa 943/2008, e inhabilitación absoluta y perpetua por la unificación de múltiples condenas y, según su defensa, debe otorgársele la libertad condicional debido a que lleva 20 años detenido.
En su exposición en la audiencia, que fue transmitida en vivo por el canal de YouTube del medio comunitario La Retaguardia, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró tener “confianza en la Justicia” y pidió a la jueza que no le otorgue ese beneficio.
Carlotto fundamentó la participación del organismo en el proceso judicial y pidió “revisar el cómputo de la prisión porque no consideraron todas las penas”. “Falta la sentencia de la causa del Hospital Militar de Campo de Mayo, que el 30 de octubre de 2018 lo condenó a 45 años por sustracción, retención y ocultamiento de nietas y nietos”, detalló.
Estela coincidió además con los testimonios prestados por los familiares de las víctimas en que Riveros “nunca aportó información para poder identificar a los nietos restituidos ni los que faltan”.
La titular de Abuelas calificó como “incomprensible el planteo de la defensa con el derecho a recibir una justa reparación porque los crímenes de lesa humanidad deben tener penas adecuadas a su proporcionalidad”.
Carlotto pidió que se lo mantenga detenido y recordó que con la llegada de la democracia, “cuando nos tocó ver caminando por la calle a nuestros genocidas, nos pareció tenebroso”.
“No hay venganza ni revancha, sino simplemente justicia”, concluyó Estela de Carlotto.