Servini investigará ingresos irregulares a bases de datos durante el macrismo

Este miércoles se sorteó un nuevo juez que pueda hacerse cargo del expediente en el que se investigan supuestas maniobras de espionaje a través de los irregulares ingresos a bases de datos oficiales durante el gobierno de Juntos por el Cambio, que presidió Mauricio Macri entre 2015 y 2019.

Luego de que el magistrado Sebastián Casanello se excusara, la jueza María Servini salió sorteada para llevar adelante el expediente en el que se investigan los ingresos a bases de datos como la de la Dirección de Migraciones. Durante el gobierno de Juntos por el Cambio se accedía allí sin ningún tipo de orden judicial, por lo que se sugiere, como una de las hipótesis centrales, que se trató de un mecanismo para seguir los movimientos de determinadas personas.

Casanello explicó que se opuso a intervenir en la causa como magistrado debido a que su nombre figuraba en el listado de personas cuyos movimientos migratorios habían sido consultados sin justificación. Tras un nuevo sorteo realizado ayer por la mañana en la Cámara Federal porteña, el caso pasó al juzgado federal 1, a cargo de Servini, quien también figuraría entre los jueces cuyos movimientos migratorios fueron consultados de forma irregular por lo que la causa podría volver a cambiar de manos.

El primer juez que tuvo el caso fue Rodolfo Canicoba Corral, quien manejó el expediente hasta su jubilación. En ese período se dispusieron las primeras medidas de prueba en la causa que investiga cómo fue que desde distintos organismos del Estado se realizaron averiguaciones sobre viajes al exterior de más de 20 magistrados.

Tras la salida de Canicoba Corral, el caso pasó a manos de la jueza María Eugenia Capuchetti, la primera jueza en excusarse tras constatar que su nombre era uno de los presuntamente espiados.

El expediente pasó a manos del juez Sebastián Ramos quien también se excusó tras detectar que su nombre, o el de un homónimo, figuraba en la lista de las víctimas de las maniobras aparentemente ilegales y derivó la investigación al juez Marcelo Martínez de Giorgi, a cargo de la causa por el megaespionaje ilegal presuntamente desplegado desde la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo.

En esta pesquisa se investigan presuntos accesos irregulares a las bases de datos de la Dirección Nacional de Migraciones en busca de información de movimientos de entrada y salida del país de diferentes personas, entre ellas una veintena de jueces federales.