“Toman los beneficios del país y después fugan el dinero, es éticamente reprochable”

Tal y como informó diario Hoy en su edición de ayer, a instancias de la investigación que llevan adelante la jueza federal María Eugenia Capuchetti junto con el fiscal Franco Picardi en torno a la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri, se conoció un informe enviado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) que da cuenta de que el vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos U$S 650.000 el 12 de agosto de 2019, el día siguiente a las PASO en las que el candidato de Juntos por el Cambio, el entonces presidente Mauricio Macri, perdiera por 16 puntos frente al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

La operación -que fue perfectamente legal, puesto que el gobierno de Macri así lo permitía- fue realizada a través del Standard Chartered Bank (SCB), un banco con sede en Inglaterra y filial en la Argentina.

Rosenkrantz es solo uno de los muchos nombres vinculados directa o indirectamente con el Poder Judicial que aparecen con operaciones registradas en el BCRA de transferencia de dólares al exterior, todas legales y declaradas. Están también Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense, Julio Conte Grand; su ahijado, Esteban Conte Grand, exasesor del exministro de Justicia, Germán Garavano; el excamarista federal y ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo; y el juez Pablo Gallegos Fedriani.

El 12 de agosto de 2016, diez días antes de jurar como magistrado, Rosenkrantz recibió U$S 68.622 de Anheuser Busch Inbev, la empresa belga que es la mayor fabricante mundial de cerveza, desde una cuenta en Gran Bretaña; el 12 de abril, U$S 77.160 de Chambre de Commerce, la cámara de comercio de Francia; y el 16 de mayo, U$S 40.015 desde una cuenta en Panamá. Hay otros ingresos, cuyas fechas y orígenes están aún sujetos a chequeo.

“Es éticamente reprochable”

El exjuez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, consideró en diálogo este diario que “la situación demuestra que los actores judiciales forman parte de una elite social que fraterniza, teje lazos corporativos con los grandes sectores del poder y sirven a estos mismos grupos a través de sus fallos. De ahí la necesidad de transformar el Poder Judicial, de aportarle diversidad, si hay un juez como Rosenkrantz, abogado de empresas transnacionales, también deberá haber jueces de las minorías vulnerables, una jueza indígena, o representante de minorías sexuales, o que hayan sido defensores de derechos humanos, cosa que no ocurre”. “Es necesario ampliar el número de magistrados no solo por una cuestión igualdad sino para que haya esta diversidad porque el enfoque puede verse de diferentes maneras. Hay varios rangos de racionalidad posibles, hay derechos en colisión y la posición que asuman los jueces no depende solo de su filiación política sino de la posición social y económica y por eso la importancia de otros que no representen la casta argentina que fuga dinero, que perjudica a la población amentando alimentos, que se queda con la renta argentina donde cada vez es más desigual y donde pocos tienen mucho y muchos cada vez tienen menos”, consideró el exmagistrado.

En torno a la “legalidad” del procedimiento que llevaron adelante los funcionarios judiciales, Arias apuntó: “Esas operaciones por más que hayan sido legales son éticamente reprochables. No apuestan porque no creen en el país del cual obtienen beneficios, no solo a través de sus posiciones sino por lo círculos donde se mueven. Toman los beneficios del país y no apuestan a él y por eso mandan el dinero afuera, todo funcionario debería invertir el dinero aquí dentro, es éticamente reprochable”. “Si los jueces hacen eso para salvarse qué señal se da al resto de la sociedad, cómo hacemos para que la gente no esconda los dólares abajo del colchón. Se envía el mensaje de una sociedad donde cada uno intenta salvarse”, finalizó.

El proyecto que impulsó Cristina Kirchner y quedó en el cajón 

En el año 2018, la entonces senadora Cristina Kirchner presentó un proyecto en el Congreso con el objetivo de que cualquier persona que tenga cuentas o participe en sociedades radicadas o ubicadas en bancos en paraísos fiscales no pueda asumir cargos públicos.

La propuesta sostiene que quienes quieran estar a cargo de un Ministerio no pueden “dirigir, administrar, representar, patrocinar, asesorar, prestar servicios o tener algún tipo de participación en sociedades (…) constituidas en el exterior y que se encuentren radicadas” en un paraíso fiscal.

En ese entonces, Cristina Kirchner plantea­ba “ponerle un freno al festival de sociedades offshore y cuentas en paraísos fiscales en que se ha convertido el gobierno de Cambiemos. La mayoría del Gabinete está involucrado en los escándalos internacionales de Panamá Papers y Paradise Papers; y el caso del ministro de Finanzas y endeudador serial Luis Caputo es uno de los más obscenos”. En ese sentido, la actual vicepresidenta nacional ponía de manifiesto que “como consecuencia de maniobras de evasión impositiva de empresas multinacionales que se canalizan en estas guaridas fiscales -la mayor parte de este dinero no está declarado-, solo en el año 2016 la Argentina dejó de recaudar 21.406 millones de dólares (4,4% de su PBI). Por eso creemos que ninguna persona que tenga una cuenta o una sociedad offshore puede ser funcionario público en ninguno de los tres poderes del Estado”.