Un represor perdería la domiciliaria por “amedrentar a testigos”

El excomisario Luis Horacio Castillo, quien participó de la represión ilegal durante la Dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983, y que regenteaba un colegio secundario en Avellaneda, podría volver a prisión por haber de­mandado judicialmente a quienes descubrieron su identidad y señalaron la actividad que realizaba, determinando su apartamiento de la institución.

Tal como lo informaba diario Hoy en su edición del 7 de junio, Castillo, quien fue juzgado por formar parte del entramado represivo que tuvo como víctimas, entre otras, a personas trans, y que era encabezado por el multicondenado exjefe de Inteligencia de la Policía Bonaerense, Miguel Etchecolatz (fallecido el 2 de julio), había fundado en Avellaneda un colegio privado, del que era administrador. Y fue apartado de ese puesto por la Dirección General de Cultura y Educación (DGCE) de la provincia de Buenos Aires, cuando se supo que la institución era regenteada por un represor.

En agosto, Castillo recurrió a la Justicia para demandar por daños y perjuicios a funcionarios de la Municipalidad de Avellaneda que el 3 de junio, en una conferencia de prensa, habían alertado a la comunidad sobre su procesamiento, hecho que fue el disparador de su separación de la administración del Colegio San Diego solo unos días después. Se trata del secretario municipal de Derechos Humanos, Claudio Yacoy, y la presidenta del Consejo Escolar, Claudia Colaso. Castillo también demandó al intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff, aunque no participó de la mentada conferencia de prensa, invocando la “teoría de la responsabilidad del Estado”.

Castillo reclamaba de los funcionarios una compensación por ocho millones de pesos.

Ahora, Yacoy y Colaso anunciaron que pedirán que se revoque el beneficio de prisión domiciliaria del que goza el excomisario, por entender que con su demanda “intentó amedrentar a los testigos”.

“¿Cuál es el efecto que tiene en los testigos que este represor acusado de delitos gravísimos realice una demanda contra el intendente de Avellaneda, la presidenta del Consejo Escolar y uno de sus funcionarios? Sin ninguna duda, generar temor en los testigos que tienen que volver a declarar”, argumentó Yacoy.

El titular de Derechos Humanos avellanedense, que también actúa como abogado querellante en causas por delitos de lesa humanidad, indicó que una de las causales de la revocación del beneficio de prisión domiciliaria que considera el Código Procesal Penal bonaerense es el amedrentamiento de testigos. En este caso, “el beneficio de la prisión domiciliaria está extinguido porque hay un amedrentamiento efectivo”, evaluó Yacoy.

Además, anticipó que el municipio planteará que Castillo incurrió en fraude procesal, porque en su deman­da, presentada ante un tribunal porteño, afirma tener domicilio en CABA, pero está cumpliendo con su arresto domiciliario en Wilde, Avellaneda, donde también está ubicado el colegio que fundó.