¿Volvieron?

Cambiamos para que nada cambie en los índices de inflación, pobreza y crecimiento económico, supeditados no a la realidad sino al relato que de ella hace el macrismo.

Porque, aunque se modificaron las piezas, el escenario actual no dista de aquel en el que se movían impunemente Cristina Fernández de Kirchner o el polémico secretario de Comercio, Guillermo Moreno.

Y sino, repasemos:  el Gobierno pone como meta de inflación interanual el 15%, pero en el primer trimestre el acumulado oficial supera el 6,5%, con lo que el promedio para fin de año da una proyección del 26%; se declama un crecimiento “invisible”, “tan profundo que nos cuesta verlo” (textual de un encumbrado ministro); se anuncia con bombos y platillos una supuesta baja del desempleo (“hasta el empleo en negro creció”, se jactan los funcionarios, sin explicar con qué metodología miden esa evasión); y ya se anticipa un descenso de la pobreza, que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) anunciaría mañana.  

Ojalá ese escenario fuera real, desea el jubilado, el ciudadano de a pie, el pequeño comerciante al que los altos costos y la presión impositiva le esquilman la recaudación. Pero al enfrentarse a la góndola o al echar un vistazo a las facturas de los servicios públicos, nota que todo es una farsa, una ficción, una expresión de deseos sin asidero en la realidad.

Más aún cuando trasciende que este Gobierno, que ganó una elección prometiendo transparencia y denostando las prácticas K, está decidido a intervenir el INDEC.

Lo harán, como siempre sucede, utilizando eufemismos. Hasta ayer, había al menos dos propuestas: una del propio instituto y otra elaborada por el Ministerio de Hacienda, que apunta a la “reformulación” del sistema estadístico nacional, a través de la disolución del INDEC y la creación de un “Consejo Nacional de Información Estadística” (CNIE). 

Bajo la excusa de darle al organismo “mayor autonomía”, el proyecto de Hacienda es el que se impone. Sin embargo, nada más alejado, porque tiende a centralizar la decisiones bajo la órbita del Gobierno y la metodología quedaría en manos de la cartera que conduce Nicolás Dujovne.

Rápido de reflejos, ante las polémicas suscitadas por la eventual intervención, el Gobierno salió a aclarar que trabaja en un proyecto de ley coordinado por Jefatura de Gabinete, Hacienda y el propio INDEC.

Ese proyecto ratifica la dependencia del organismo al Ejecutivo. Por ejemplo, porque el presidente del CNIE será el Secretario de Política Económica de Hacienda y estará integrado en su mayoría por miembros del gabinete presidencial.

Así, cuesta imaginar la independencia de un organismo que debe tener libertad de acción para poner blanco sobre negro de la realidad, pero que estará subordinado a un Consejo gubernamental.

Como intentando barrer los problemas de la coyuntura actual debajo de la alfombra del INDEC, en lugar de solucionarlos, la medida, aseguran los especialistas, quitará autonomía al organismo.

El Gobierno deberá aclarar la decisión. Aunque más no sea por el soberano que quizá lo votó, que tal vez se ilusionó con un verdadero cambio, y al que, cada vez más, lo persigue esa sospecha que crece como una bola de nieve: que entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner no hay diferencias. 

Tan parecidos

Siempre que la realidad y el deseo se divorciaron, los gobiernos optaron por intevenir el INDEC. Un primer antecedente se remonta hacia 1979, cuando el gobierno militar no podía bajar la inflación. Como el rubro que más incidía en la conformación del índice de precios era la carne vacuna, el entonces ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, tuvo una idea desopilante: elaborar el llamado índice "descarnado", una medición del costo de vida en la que se excluyó a las carnes rojas y sus derivados.

28 años después, otra polémica se suscitó en el organismo con la intervención del exsecretario de Comercio del kirchnerismo, Guillermo Moreno, que difundía la mitad de la inflación medida por las consultoras privadas y que ni siquiera informaba datos sobre la pobreza.

Ahora, con el proyecto que prepara el actual Gobierno, la polémica se actualiza en torno a este organismo tan manchado de sospechas.