Dos policías de la Ciudad de Buenos Aires fueron procesados por encubrir el asesinato de un indigente

Dos oficiales primeros de la Policía de la Ciudad fueron procesados por encubrimiento agravado y falso testimonio acusados de haber colaborado con el oficial que en agosto de 2019 derribó de una patada a un hombre que vivía en la indigencia y que murió al golpear su cabeza en el asfalto en el barrio porteño de San Cristóbal, informaron hoy fuentes judiciales.

Según informó la Procuración, la decisión fue adoptada por la jueza nacional en lo Criminal y Correccional 8, Yamile Susana Bernan, en el marco de una investigación originada en el pedido de extracción de testimonios efectuado en su momento por la fiscal Ana Yacobucci en la causa principal por el homicidio preterintencional de Jorge Martín Gómez (41).

En diciembre pasado, el actual fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 32, había solicitado la indagatoria de tres efectivos policiales por los delitos de encubrimiento agravado, falso testimonio agravado y falsedad ideológica.

En su pedido, Gómez Barbella había considerado que actuaron “en forma conjunta y coordinada para ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros y pruebas del delito” para ayudar a otro policía, Esteban Ramírez (44), con el objetivo de que pueda eludir la investigación en su contra.

Los tres policías fueron indagados por la jueza Bernan que ahora procesó, aunque sin prisión preventiva a dos de ellos, la oficial primero Lorena Alejandra Luna y el oficial primero Sergio Daniel Sendra, como coautores de “encubrimiento agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos” y de “falso testimonio”.

La jueza consideró que ambos oficiales de la comisaría vecinal 3B habían visto cuando el policía Ramírez dio una patada que hizo que Gómez cayera al suelo y que, incluso, habían advertido “la gravedad de las lesiones" ocasionadas al hombre.

De acuerdo a la resolución, eso permitió explicar por qué “obraron como lo hicieron” y con la finalidad de ocultar lo ocurrido para evitar que el policía “pudiese ser responsabilizado por ello”.

“Pese a sus años de experiencia y a que lo que acababan de presenciar ameritaba indudablemente intervención judicial, no iniciaron actuación alguna. Por el contrario, y sin perjuicio de la gravedad de lo ocurrido, actuaron como si nada hubiese pasado”, remarcó la magistrada.

También señaló que cuando habían prestado declaración testimonial, Luna y Sendra declararon falsamente e intentaron hacer creer que Gómez -una persona indigente- había agredido a su colega con el cuchillo y que el policía “tan sólo había actuado defensivamente”.

En relación al tercer imputado en esta causa, el oficial inspector Héctor Alejandro Febula, la jueza destacó que su vinculación a la investigación se da porque, al producirse el hecho, era el jefe de servicio judicial de la comisaría vecinal 3B, y la persona que efectuó las consultas telefónicas por lo ocurrido con la fiscalía y el juzgado.

Sin embargo, a diferencia de los otros dos imputados, consideró que no existen pruebas en la investigación que lo ubiquen en la escena del crimen y que supiera exactamente lo que había ocurrido, por lo que dictó su falta de mérito, alqo que Gómez Barbella ahora evalúa apelar.

El hecho principal que tiene al policía Ramírez imputado y elevado a juicio por homicidio preterintencional, ocurrió alrededor de las 7.30 de ese 19 de agosto de 2019, cuando ese policía y Sendra llegaron en sus motos a Carlos Calvo y Saavedra tras oír una modulación en la que se informaba que había un hombre con un cuchillo en actitud agresiva.

El hombre indicado –Gómez-, caminaba por la bicisenda con las manos detrás de la espada, mientras era seguido por la oficial Luna, quien les avisó que llevaba un cuchillo.

En ese momento, Ramírez se colocó delante de Gómez y le habría ordenado que dejara caer el cuchillo y le mostrase las manos, tras lo cual le dio una patada en la zona del abdomen que provocó que cayera de espaldas al suelo y golpease la parte posterior de la cabeza, lo que le ocasionó una fractura lineal fronto-parieto-occipital de cráneo, que derivó en su muerte en el Hospital Ramos Mejía.

Ramírez iba a comenzar a ser juzgado el 6 de septiembre pasado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 9, aunque el debate se suspendió tras un pedido del abogado querellante para que se aceptara como parte a otro de los hermanos de la víctima, porque el que estaba designado falleció por Covid-19.