La trama de la causa que involucra a nueve penitenciarios

Los acusan de haber matado a un interno en la Unidad 1 de Olmos, en agosto de 2016. Se pedirá investigar a una médica y analizan un cambio en la calificación legal

En el marco de la causa que se les sigue a nueve agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) por presunta tortura seguida de muerte del interno Narciso Ayala Aquino (36) el 1º de agosto de 2016, declararon tres detenidos, quienes aseguraron ver al fallecido en la oficina del jefe de control, herido e inmovilizado por las esposas. 

Una fuente judicial que accedió al testimonio de Maximiliano González, alcaide mayor en la Unidad 1 de Olmos, encargado del traslado de detenidos, expresó: “Había ido a la oficina de (Rafael) Herrera y lo vio a Ayala en el piso, esposado y lastimado. El jefe le preguntó al testigo qué posibilidad había de trasladarlo, porque el interno se había mordido un dedo. Se fue a hacer las tareas requeridas y, cuando volvió, pasó a sanidad. Ahí vio al preso en el piso boca abajo. Los penitenciarios le sacaron las esposas y lo dieron vuelta, llamaron a la médica cuatro veces, pero no bajaba porque supuestamente estaba desayunando. Finalmente, cuando llegó, lo revisó y dijo que ya estaba muerto”.

Por su parte, Emiliano Oses, empleado del SPB, contó: “A las 8.20 me enteré de que venía un preso en una manta, pero no llegó porque algo pasó en el medio. A la víctima la trajeron después de las 09.10 Silva, Ardiles, Guernica y Vallejos, que son los que están imputados en la causa”, y aseguró que vio al muchacho momentos antes del fallecimiento “en el piso, boca arriba, cuando lo estaban reduciendo y trasladando. Lo agarraban de los brazos y las piernas”.

La fuente relató que “todos los testigos coinciden en que los penitenciarios encargados del traslado, desde que lo recibieron y le sacaron la manta, lo llevaron a la Oficina de Control, lo volvieron a recibir allí mismo y lo trasladaron a Sanidad, siempre usando la mínima fuerza indispensable para reducirlo. Por otro lado, acuerdan en que la médica (Carrasco) demoraba en bajar, y que nadie le realizó alguna técnica de reanimación”. 

Investigación paralela 

En tanto, en el expediente se destaca que el agente Facundo Gianuzzi “empezó a escuchar gritos y fue a Sanidad, donde logró divisar a un interno que le estaba pegando a otros presos. Los penitenciarios se acercaron a él, pero este seguía con la misma actitud agresiva y, además, intentaba autoagredirse: se tiraba al piso desplomándose, todo el tiempo y le pedía ayuda a su padre”. 

Por ello, los abogados de los agentes, Luis María Giordano y Lautaro Spitzer, solicitaron copias de una de las declaraciones para iniciar una investigación paralela a la profesional, y pidieron el cese de la medida de preventiva para Barrios. Los letrados hicieron referencia a la resolución de Raúl Dalto, para quien la calificación no es “tortura seguida de muerte” sino “homicidio calificado”, por haberse cometido presuntamente por un funcionario público. Actualmente, los nueve agentes están con prisión preventiva firme.