El registro tuvo lugar en una casa de El Rincón y fue orquestado por la comisaría de Villa Elisa. Buscaban un celular robado. La cúpula policial se defendió: “No hubo un error”.
11/06/2021 - 00:00hs
Mientras la causa avanza y personal de la Auditoría General de Asuntos Internos de la Provincia de Buenos Aires analiza al detalle lo sucedido, fuentes oficiales insistieron ayer ante Trama Urbana que el allanamiento llevado a cabo la noche del miércoles en una vivienda de El Rincón “no fue erróneo” y que la casa registrada “era la que figuraba en la orden judicial”.
El problema es que en dicha vivienda reside un empleado del Ministerio de Seguridad bonaerense junto a su mujer, integrante policial, y, como si fuera poco, no se encontró nada de interés para la causa.
Tal como este multimedio informó ayer en exclusiva, el suceso tuvo lugar en una finca emplazada en las calles 132 entre 429 y 430, hasta donde llegaron los numerarios del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría Duodécima junto a personal del GAD (Grupo de Apoyo Departamental). Estaban avalados por una orden de registro solicitada por la Unidad Funcional de Instrucción número 1 y aprobada por el Juzgado de Garantías 1 del Departamento Judicial La Plata. ¿El motivo para tanto despliegue? Un robo que había tenido lugar la madrugada del 5 del corriente.
Denuncia de un juez
De acuerdo a los voceros consultados, ese día un vecino de Villa Elisa domiciliado en la avenida Arana entre 12 y 13 denunció que dos hombres ingresaron a su casa tras escalar un paredón que posee línea municipal y luego de romper un vidrio. Una vez dentro, se apoderaron de celulares, una computadora y otros elementos de valor, para después darse a la fuga.
Gracias al rastreador satelital de uno de los teléfonos robados, que tenía activada su geolocalización, los detectives obtuvieron la dirección en donde estaba. Con esa firme pista, la fiscalía pidió un allanamiento, que fue avalado y materializado el miércoles.
El problema es que los uniformados se metieron en la morada equivocada, ya que en ella vive un empleado del Registro Público de Controladores de Administración y Permanencia del Ministerio de Seguridad bonaerense (se había dicho que era el subdirector, aunque luego lo desmintieron), junto a su esposa policía. Para hacerlo, derribaron con un ariete un portón valuado en $300.000, que quedó seriamente dañado. Además, rociaron con gas pimienta a los dos perros de la familia. Uno de ellos es un mantonegro, al que “no le quedarán secuelas”, según una fuente, que amplió: “Menos mal que le tiraron gas y no algo letal”.
Las víctimas de ese atropello recién pudieron identificarse tras minutos de suma tensión y nerviosismo. Mientras tanto, los agentes buscaron el celular denunciado, pero no lo hallaron, así como tampoco dieron con material alguno de interés para la causa penal que estaban trabajando. “No se encontró ningún elemento de prueba”, admitió por portavoz.
El caso provocó un verdadero revuelo en el área de Seguridad provincial, y de hecho se le dio intervención de inmediato a Asuntos Internos, para que se analicen responsabilidades. En ese sentido, diferentes fuentes revelaron ante diario Hoy que “se esperan fuertes sanciones para los que estuvieron a cargo y en las próximas horas podrían haber relevos, traslados, suspensiones y hasta exoneraciones”. En la misma dirección, el juez de Garantías, Guillermo Atencio, formuló una denuncia ante la Policía por “presunto abuso de autoridad”.
Sin embargo, la cúpula policial se defiende y reafirma que “no hubo error porque la orden indicaba ese domicilio. Sería el colmo que haya sanciones por cumplir una orden de un juez de Garantías”.