Sigue el jury a la jueza y a la asesora por la tutela de Lucio Dupuy con un careo y alegatos

Ambas son juzgadas por presunto mal desempeño de sus funciones en la tramitación de los legajos, por la tutela y el cuidado del niño asesinado por su madre y la pareja de esta.

El jury que se le sigue a una jueza de Familia y a una asesora que le otorgaron la tutela de Lucio Dupuy, el niño asesinado por su madre y la pareja de esta, actualmente condenadas a prisión perpetua, continuará este martes con un careo entre el abuelo de la víctima y su abogada, y los alegatos de las partes.

Luego, el jury pasará a un cuarto intermedio hasta el próximo viernes, 22 de diciembre, cuando se dará a conocer el veredicto.

En el banquillo de los acusados se encuentran Ana Clara Pérez Ballester, titular del Juzgado de la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes 1; y Elisa Catán, a cargo de la Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes 2. Ambos organismos de General Pico.

Las dos son juzgadas por presunto mal desempeño de sus funciones en la tramitación de los legajos por la tutela y el cuidado personal de Lucio, asesinado el 26 de noviembre de 2021 por su madre Magdalena Espósito Valenti y la pareja de esta, Abigaíl Páez.

La audiencia del martes comenzará con un careo entre Ramón Dupuy, abuelo de la víctima, y su abogada, Adriana Alizia Mascaró; tras lo cual, se escucharán los alegatos de la acusación y de las defensas.

Para los acusadores, las imputadas no escucharon la opinión de Lucio, pese a estar expresamente ordenado en todas las normas que rigen la materia de familia porque “se presumió que no estaba condiciones de declarar”.

Tampoco citaron ni recabaron la opinión del padre y de la madre; no le dieron intervención a la autoridad de aplicación administrativa (Dirección General de Niñez) ante “la posible vulneración de derechos”.

A su vez, sostuvieron que la asesora consintió el archivo de la causa pese a que había solicitado la tutela, por lo que durante ese lapso no ejerció efectivamente el debido contralor de ella.

Además, los acusadores sostuvieron que no le dieron intervención al equipo técnico interdisciplinario del Poder Judicial (psicólogo, médico, asistente social) y que omitieron toda comunicación a la autoridad de aplicación, a pesar de que de una denuncia de la madre podía surgir que Lucio hubiera sufrido alguna lesión.

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