Excombatientes de Malvinas pidieron la reactivación de la causa por torturas

Referentes del Cecim de La Plata se manifestaron en los tribunales porteños, donde entregaron una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Entre otras cuestiones, apuntaron contra el Poder Judicial por la “inacción” e “impunidad” de los últimos años

Frente a los tribunales de Talcahuano 550, en la Ciudad de Buenos Aires, integrantes del Centro de Excombatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata protestaron ayer contra la “lentitud” e “inacción” de la Justicia, a 35 años del conflicto bélico y a una década del inicio de la causa que investiga violaciones de Derechos Humanos perpetradas por la Junta Militar que promovió aquella campaña. 

Acompañados por dirigentes de Derechos Humanos como Taty Almeida, los excombatientes lanzaron la campaña “Justicia por Malvinas” y entregaron una carta dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, a quien le expresaron su preocupación por las “nuevas vulneraciones de derechos a que nos viene sometiendo el Estado, en particular el Poder Judicial de la Nación”.

Sobre las escalinatas del edificio, el secretario de Relaciones Institucionales del Cecim, Ernesto Alonso, resumió a este medio que “ya van 10 años de impunidad” en torno al expediente que investiga a unos 80 militares acusados por más de 120 denuncias de torturas.

En ese marco, ayer se buscó visibilizar la presentación que en 2007, en el Juzgado Federal de Río Grande, Tierra del Fuego (que tiene jurisdicción sobre las Malvinas), expuso delitos como estaqueamientos, enterramientos, inmersiones en agua helada, golpizas, simulacros de fusilamientos, muertes por hambre, asesinatos y otros tratos crueles. 

Alonso recordó que en 2015, por orden del Poder Ejecutivo de la Nación, se desclasificaron los archivos de Malvinas, en los que los propios oficiales de las Fuerzas Armadas documentaron las torturas.

En el texto de la misiva entregada ayer, uno de los pasajes más fuertes describe que “el Punto Final está operando por el paso del tiempo y ello es una decisión político-institucional”. En tanto, se invita a Lorenzetti a “conformar un espacio de trabajo y diálogo a fin de que, en su rol de superintendente del Poder Judicial de la Nación, arbitre todos los medios a su alcance a fin de terminar con estas nuevas e inconcebibles violaciones a los Derechos Humanos, que representan el manto de impunidad, silencio y olvido de las torturas y asesinatos perpetrados por el Estado terrorista”.

Para Alonso, que la causa esté “virtualmente paralizada” evidencia la intención de la Justicia de “no investigar”.

Por eso es que los denunciantes renovaron su reclamo: para que se investiguen los hechos como delitos de lesa humanidad, y que, por lo tanto, sean imprescriptibles.