Carrió ratificó acusación contra La Morsa por contrabando

La diputada nacional certificó en Tribunales una acusación contra empresarios ligados al exjefe de Gabinete K por fraude y evasión impositiva. Sospechan de desvíos en la hidrovía Paraná-Rosario-Paraguay. Alertan por el tráfico ilegal de estupefacientes

La diputada nacional por la CC-ARI, Elisa Carrió, volvió ayer a la carga contra el exjefe de Gabinete K Aníbal “La Morsa” Fernández, al vincularlo en la Justicia con una serie de empresarios a los que acusó por presunto contrabando agravado y evasión impositiva, al violar la ley con la actividad que realizan en la hidrovía Paraná-Rosario-Paraguay.

En una denuncia presentada ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania, la legisladora aseguró que los dueños de la firma PTP Warrant SA, Lucas Gaincerain y Guillermo Misiano, habrían incurrido en una gran cantidad de delitos con la comercialización y traslado de sustancias tóxicas en la hidrovía que une los dos países, que operaban sin control alguno por parte del gobierno kirchnerista.

Carrió, que ofreció su colaboración como amicus curiae (amiga del tribunal) en la causa, presentó “pruebas concretas” que certificarían el supuesto fraude y evasión que se habría de­sarrollado desde la compañía en cuestión por medio de una Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada con la paraguaya Gregser SA, sospechada de ser una sociedad fantasma, con la que conformó el Consorcio PTP Group, dedicándose al comercio de diversos elementos. 

Para la chaqueña, PTP Warrant SA “operó las terminales y controló las actividades portuarias en esta hidrovía y desplegó su actividad sin control alguno, hasta el Puerto Villeta, en la ciudad de Asunción”, y que para ello habría contado con la amabilidad y los servicios de personas ligadas al poder K, entre los que nombra a Fernández.

Ilícitos al por mayor

En la denuncia presentada ante el juzgado que preside Catania, se expresa que Gaincerain “que figura como empleado de la empresa, aportó como socio de Misiano a su propia hija María Celeste Gaincerain en la sociedad TME SA, que desarrollaba el mismo tipo de actividad” que PTP Warrant SA.

Otra prueba que demostraría los hechos imputados por Carrió, serían las diferentes medidas que se habrían tomado por distintos hombres cercanos a La Morsa para “alivianar” el camino a distintos sectores empresariales que cometían una serie de ilícitos, como el caso del exdirector del Registro Nacional de Armas (Renar), Andrés Meiszner, una de las personas de mayor cercanía al exfuncionario kirchnerista.

Buscando darle mayor contundencia a sus dichos, Carrió agregó una resolución firmada por “otro hombre de Aníbal Fernández, Andrés Meiszner, quien suscribió como titular del Renar, una resolución que favorecía la importación y exportación de nitrato de amonio por parte de las terminales portuarias de los puertos de Buenos Aires y La Plata”. En ese sentido, dijo que “esa sustancia en otros países se encuentra prohibida, ya que puede ser utilizada en la elaboración de explosivos”.

Una mancha más sobre la espalda de Aníbal Fernández, quien por años supo construir un poder paralelo al control del Estado en diversos órganos nacionales, y que lo dejan en evidencia ante la Justicia, que busca determinar cuál fue su actuación y responsabilidad por diversos ilícitos cometidos durante la pasada década.

Enemistad de vieja data

La batalla privada que mantienen Elisa Carrió y Aníbal Fernández viene de larga data. En un informe realizado en el año 2009 por la diputada nacional por la CC-ARI, denominado Narcotráfico y crimen organizado. Vinculaciones gubernamentales, políticas y comerciales, ya se mencionaba con datos concretos los supuestos vínculos que tendría el exjefe de Gabinete con el oscuro mundo de la droga y las bandas narco.

Carrió aseguraba allí que mientras Fernández “fue el responsable de las fuerzas de seguridad en nuestro país, el narcotráfico se incrementó sin cesar, modificó su rol, se territorializó, y la Argentina pasó de ser estrictamente un país de tránsito a proveedor de sustancias químicas. Ahora es evidentemente productor y eso sí que es una novedad. Aníbal lo hizo”.

En los últimos meses la chaqueña denunció también al empresario Carlos Daniel Tomeo, sindicado por muchos como supuesto testaferro del exfuncionario K por presunto lavado de dinero y que involucra al expresidente del club Quilmes en diversos ilícitos durante su paso por la función pública.

Además, el año pasado la legisladora había realizado un pedido a la Justicia en tiempos electorales para que investigara si Fernández mandó un abogado a la cárcel donde cumple condena por el Triple Crimen de General Rodríguez, Martín Lanatta, para pedirle que se desdijera de las palabras que lo involucraban con el narcotráfico en el país.