Cómo se lava el dinero de la droga

Recientes investigaciones sobre las bandas narcos, vinculadas con carteles colombianos y mexicanos, arrojan relaciones que conducen a Aníbal Fernández y a la Aduana que es manejada por la mano derecha de Ricardo Echegaray 

Uno de los principales factores para la proliferación del narcotráfico en la Argentina son las enormes facilidades para conformar sociedades anónimas (SA) o sociedades de responsabilidad limitada (SRL) que actúan como plafones o plataformas para el lavado del dinero manchado con sangre. Sólo basta recordar que el pasado 29 de septiembre el gobierno K prorrogó, por novena vez, el blanqueo de capitales que se instrumenta través de los bonos Cedines, un programa sospechado de estar hecho a la medida de los intereses de los mercaderes de la muerte.

En este contexto, ahora salen a la luz conexiones entre narcos y funcionarios públicos. Por ejemplo, algunos de los condenados en la causa Carbón Blanco por el envío de una tonelada de cocaína a España y Portugal, como el abogado Carlos Alberto Salvatore, fueron acusados de integrar una red de empresas fantasmas que se habrían utilizado para lavar el dinero narco.  Esta metodología se repite en la causa Narcoarroz, que se hizo pública tras desbaratarse una banda en Rosario vinculada a un cartel colombiano. Peor aún: hay nombres que se repiten, como el caso de la abogada Ana Cristina Palesa, quien rubricó sociedades de Salvatore y la firma Sanis SRL (fue creada en junio de este año, con la excusa de brindar servicios de marketing y publicidad) que está integrada por el abogado Guillermo Adolfo Heisinger. Se trata del subsecretario de Coordinación del Ministerio del Interior durante la primera gestión del presidente Carlos Menem, quien ahora está tras las rejas, acusado de ser integrante de la banda que, desde el puerto de Rosario, tenía previsto exportar arroz impregnado con 40 kilos de cocaína en un cargamento que iba a ser enviado a Europa vía África.

Palesa, además, también rubricó empresas que integra el despachante de aduanas y ex pirata del asfalto Jorge Lambiris, estrecho amigo del actual titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y otras sociedades que estarían vinculadas nada menos que con el actual director de la Aduana y mano derecha de Echegaray, Guillermo Michel. Es decir, el responsable de unos de los organismos que debería encargarse de realizar los controles para combatir el narcotráfico, tiene vínculos con los responsables de una red de empresas narcos. Sólo en un país con los niveles de corrupción estructural como los que existen en la Argentina puede darse este tipo de situaciones.

Además de Sanis SRL, otra empresas investigadas por integrar esta red de lavado son International Trade and Comerce ITC S.A (importación y exportación de productos manufacturados), Hard Business S.R.L (exportadora de productos alimenticios), Wealthy Ranch S.A (servicios agropecuarios), Spano Point S.A (servicios inmobiliarios), Letstrade S.A (importadora y exportadora de bienes y servicios en general), Connect Plus Panamá (giros cambiarios al exterior), Guji S.A (comercialización de golosinas y panificados) y Crazy Ball S.R.L (explotación de restaurantes, pizzerías y quioscos). Todos los directorios de estas sociedades están integrados por Heisinger y distintos colombianos. Entre ellos Carlos Yorelmy Duarte Díaz, que sería uno de los jefes de la banda. También aparecen varios integrantes de la familia Triana Peña, acusados de haber sido parte del esquema de poder del cartel del Norte del Valle, organización criminal heredera del mítico cartel de Cali en Colombia.

 “En la Argentina se le ofrecen enormes facilidades a estos delincuentes, al punto que hay 14 capos narcos que han logrado conseguir pasaportes argentinos. A ello se le suman las facilidades para conformar empresas fantasmas. Vienen a operar a nuestro país porque saben que desde el punto jurídico y judicial no hay persecución, y las fuerzas de seguridad no presentan resistencia ante el accionar de los carteles”, le dijo a Hoy Claudio Izaguirre, presidente de la Asociación Antidrogas de la Argentina. 

Ante la proliferación de empresas fantasmas, es imposible no poner la lupa sobre la Inspección General de Justicia (IGJ). Se trata del organismo que tiene la función de registrar y fiscalizar a las sociedades comerciales, sociedades extranjeras, asociaciones civiles y fundaciones que se constituyen en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  Durante años, la IGJ estuvo a cargo de un funcionario estrechamente ligado a Aníbal “La Morsa” Fernández (ver “Aníbal encabezó una organización mafiosa desde el Estado”). En definitiva, el universo K está cada vez más contaminado por el negocio de la droga. 

El prófugo

Gustavo Lozzia, que declara ser comerciante y de estado civil divorciado, es uno de los prófugos que tiene en la causa Narcoarroz. Según pudo saber Hoy, Lozzia está acusado de ser testaferro del narco colombiano Germán Emilio Marín López, uno de los encargados de coordinar los envíos de la droga.

Lozzia integra las empresas Inverparts SRL (fabricación, desarrollo, compra, venta, distribución, importación; divulgación y cualquier otra forma de comercialización de repuestos, autopartes y accesorios para automóviles y maquinarias) y Trust Invesment SRL (desarrollo, compra, venta, distribución, importación, exportación, representación, comisión, consignación, alquiler, leasing, intervención en licitaciones públicas y/o privadas), con domicilio en Av. Corrientes 1386 Piso 9º departamento 24 de la Capital Federal