Echegaray: ¿es o se hace?
Mientras el accionar de la AFIP es implacable con las pymes y los profesionales, el titular del organismo recaudador le permitió al empresario K, Cristóbal López, comprar Petrobras con el dinero que debería haber utilizado en abonar obligaciones impositivas
si Karl Marx se levantara de su tumba, y viera lo que está sucediendo en la Argentina estaría sorprendido: desde que el gobierno K tomó las riendas de la Casa Rosada, hizo su aparición una nueva forma de capitalismo que permite a los amigos del poder político comprar grandes empresas sin dinero. Quizás, este hecho por demás curioso, le hubiese servido para escribir otro capítulo de El Capital.
Hay varios ejemplos. Uno de ellos está representando por la familia Eskenazi, de estrecho lazos con los Kirchner desde la época en que Néstor era gobernador de Santa Cruz (de hecho se quedó con el banco de esa provincia, privatizado en los ’90), que se hizo cargo del 20% de las acciones de la petrolera YPF, cuando aún estaba en mano de Repsol, pagando esos títulos con las propias utilidades de la compañía.
Otro empresario K que compra sin dinero genuino es Cristóbal López, más conocido como el zar kirchnerista del juego, que durante el gobierno de los K inundó de tragamonedas el país (maquinitas que funcionan como aspiradoras del dinero de los sectores populares que recurren al juego para sobrevivir).
Concretamente, el zar del juego logró comprar la empresa Petrobras Argentina con financiamiento de la AFIP. ¿Cómo es esto? En vez de cumplir con la obligación de pagar impuestos por más de $1.200 millones, el organismo recaudador -que suele ser implacable a la hora de perseguir a pequeños y medianos comerciantes (y empresarios)- le permitió acceder a una comodísima moratoria. Es decir, le posibilitó cumplir sus obligaciones fiscales en cuotas, con una tasa de interés muy por debajo de la inflación real, lo que termina licuando lo adeudado al fisco.
La maniobra tributaria quedó registrada en los balances de la firma Oil Combustibles, que forma parte del Grupo Indalo que comanda López. Allí consta que Petrobras entregó la refinería San Lorenzo y sus estaciones de servicio con sus cuentas fiscales en orden. Pero en junio de 2011, apenas un mes después del ingreso de López y De Sousa, el rojo tributario era de apenas $ 179,9 millones y luego saltó a $ 1262,9 millones en junio de 2012, cuando la empresa cerró su último balance.
Bandas al acecho y una presión fiscal insoportable
Mientras la AFIP colma de beneficios a los empresarios amigos del poder, que en muchos casos también son socios de funcionarios kirchneristas, la presión fiscal sobre la ciudadanía que no tiene amigos en el poder se torna asfixiante. De hecho, ya es la más alta de América Latina.
Un estudio de la Fundación Mediterránea proyectó que este año la carga impositiva total que cobran los tres niveles estatales alcanzará un máximo histórico del 42,8%. Desde 2005, este valor creció casi 50%. Cuando termine el corriente año, cada argentino habrá pagado un total de $28.366 en impuestos a los diferentes Estados que componen sector público: Nación, Provincia y Municipios, más de $1.000 por encima de los $27.141 que abonó el año pasado.
En otras palabras, esto significa que la ciudadanía paga cada vez más impuestos y recibe poco y nada a cambio, si se tiene en cuenta que la situación que atraviesa la salud pública, la educación y las fuerzas de seguridad. En la Argentina, el lema que dice “lo que se paga en impuestos, vuelve en servicios”, está cada vez más lejos de poder cumplirse. Gran parte de lo que se recauda se utiliza para financiar el aparato de clientelismo político. Peor aún, cualquier comerciante o profesional, que se haya olvidado de pagar una cuota del monotributo, puede ser victima de los aprietes del AFIP. De hecho, es sabido que para el organismo recaudador trabajarían bandas de abogados dedicados a esquilmar pequeños y medianos empresarios.
“Este año probablemente se repita un clásico de los últimos tiempos, la suba en la presión tributaria. De acuerdo a las cifras oficiales nacionales y provinciales, en los primeros cinco meses del año la recaudación tributaria consolidada crece en torno al 30%, cifra superior al crecimiento nominal estimado de la economía”, manifiesta el estudio firmado por los economistas Marcelo Capello y Néstor Grión. El documento señala que en términos del PBI y considerando los tres niveles de gobierno, se pasó de una presión tributaria efectiva del 22% en 2001 al 38,6% en 2012. Y se proyecta alcanzar un nuevo récord en el presente año con un ratio de 40% del PBI (81,8% mayor a 2001). Si a eso se añade el impuesto inflacionario, los ratios serían de 41,2% en 2012 y 42,8 para 2013 (94,5% superior a 2001). Así, durante este año, cada habitante pagará en promedio impuestos por $26.515, cifra 134% superior a la de 2001 ($11.330, expresados a valores de 2013).
¿Qué hubiese pasado si un empresario pyme o un profesional hubiesen hecho una maniobra similar? Seguramente tendría muchos problemas con la Justicia, y hasta podría terminar preso por algún delito penal tributario. Pero, evidentemente, gracias al respaldo que tiene en la Casa Rosada, López puede moverse cómodamente al margen de la ley.
Al mismo tiempo que acumuló esa deuda gigantesca con la AFIP, Oil Combustibles comenzó a girar dinero a otras empresas del grupo. Lo registró como "créditos no corrientes", es decir que no cobraría durante los 12 meses posteriores.
¿Cómo distribuyó ese fondeo? Giró $1170,5 millones a Inversora M&S (con la que antes había desembarcado en Paraná Metal y, luego, en el banco Finansur), otros $ 251,2 millones a Oil M&S (con la que al fin adquirió la refinería San Lorenzo) y $ 78,4 millones más a CPC SA (la constructora que utilizó Cristóbal López para ingresar en la concesionaria vial de las rutas atlánticas 2 y 11, ver página 4).
“Este accionar es muy similar, a los beneficios que en su momento otorgó la AFIP para compra de la exCiccone por parte de empresarios supuestamente ligados al vicepreisidente Amado Boudou. En un principio, se estaría violando el criterio establecido por la Corte Suprema de que no se pueden establecer privilegios dentro de una misma categoría, siendo que Cristóbal López es un ciudadano más como cada uno de nosotros. Es necesario que la Justicia investigue hasta que punto este tipo de prácticas constituye un privilegio, dado que de confirmarse estaríamos ante un evidente delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público”, le dijo a Hoy Félix Loñ, profesor titular de la cátedra de derecho Constitucional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Loñ afirmó que “nuestra Constitución es clara cuando consagra el derecho de igualdad ante la ley, y el organismo recaudador lo estaría violando”.
Una vez más, queda demostrado que en la Argentina gobernada por los K, sólo los amigos del poder político tienen coronita.