En agosto empieza el juicio oral contra el narcojuez salteño

El proceso contra Raúl Reynoso, exmagistrado de la ciudad de Orán, se llevará adelante por pedir coimas a traficantes en la frontera con Bolivia. La causa se inició gracias a una investigación hecha por el diario Hoy que lo mostraba en complicidad con el tráfico de drogas

Luego de muchas idas y vueltas, el juicio oral contra el exjuez federal de la localidad salteña de Orán, Raúl Reynoso, acusado de connivencia con el poder narco en el norte argentino, asociación ilícita, concusión y prevaricato, empezará a comienzos del mes de agosto tras el final de la feria judicial de invierno.

Así lo determinó el Tribunal conformado por los magistrados Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Casas y Federico Díaz, y también se acordó que serán 90 los testigos que pasarán a declarar en el proceso, y que el mismo tardaría poco más de dos meses. Además, en el juicio intervendrán los fiscales federales Francisco Snopek y Carlos Martín Amad, que expondrán las múltiples pruebas que pesan sobre Reynoso.

La tardanza se debió a los múltiples recursos presentados por la defensa del narcojuez salteño, en un intento de desviar la atención sobre sus responsabilidades en el caso, así como también a la implantación de pruebas que resultaron ser falsas.

Reynoso se encuentra con prisión preventiva desde mayo del año pasado, y sobre su persona pesa la acusación de haber liderado la gestión y concesión de acciones tribunalicias contrarias al Derecho, favorables a los intereses de personas imputadas en delitos de narcocriminalidad, tales como excarcelaciones, prisiones domiciliarias y entregas de bienes, todo ello a cambio de dádivas y/o dinero. Además del exmagistrado, serán juzgados los otros integrantes de la banda, que estaba integrada por los abogados María Elena Esper, Ramón Antonio Valor, Arsenio Eladio Gaona y René Alberto Gómez, como así también por los empleados judiciales Miguel Ángel Saavedra y César Julio Aparicio.

Contra las cuerdas

De acuerdo a lo que consta dentro del expediente judicial, la causa contra Reynoso se inició luego de una investigación publicada por el diario Hoy el 13 agosto de 2014, en la cual se informaba cómo el exjuez protegía con su accionar a los denominados “mercaderes de la muerte”, de quienes habría recibido grandes sumas de dinero a cambio de congelar y frenar las denuncias penales presentadas contra ellos. Además se evidenciaron sus vínculos con la excúpula de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que lideraba por entonces Ricardo Echegaray.

El informe del que da cuenta la Justicia  en la causa se titula “Echegaray: extorsiones en el norte argentino”. En el mismo se explicaba cómo el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner había dispuesto poner en la AFIP salteña, una dependencia esencial para el control del poder narco, a Rafael Resnick Brenner, exjefe de Gabinete de asesores de Echegaray en el ente recaudador hasta que quedó involucrado en la causa por la compra fraudulenta de la ex-Ciccone Calcográfica.

Según el juez Julio Bavio, a cargo del Juzgado Federal n° 1 de Salta, y responsable de la investigación contra Reynoso, la nota aparecida en nuestro medio sirvió para “dilucidar” un entramado oscuro de operaciones al margen de la ley, con el cual se buscaba beneficiar el turbio “manejo narco” en la frontera de nuestro país con Bolivia.

En la acusación contra el narcojuez figura que, gracias a la información aparecida en las páginas de este medio, se pudo probar el grado de complicidad que “existiría de algunos funcionarios del Juzgado Federal nº 2 (que conducía Reynoso)”. Además el informe sirvió como base para que, a partir de allí, “se realizaran tareas de investigación a fin de corroborar la veracidad de lo manifestado en la nota periodística”.

Mecanismos espurios

En su paso por el Juzgado Federal nº 2 de la ciudad de Orán, Raúl Reynoso estuvo siempre sumergido en el medio de la polémica por las actitudes públicas asumidas para “combatir el narcotráfico”, tal como decía él en sus declaraciones a los medios de la zona.

Una de las evidencias más potentes que pesan en su contra en la Justicia es la falsedad extrema de su relato cuando le pedía al Gobierno nacional por todos los micrófonos “más medios” para llevar adelante su lucha contra el poder narco, cuando en realidad por detrás arreglaba con los narcotraficantes modificaciones y silencios en las causas, a cambio de dinero.

A eso se le agregó que, en complicidad con la AFIP que comandaba por entonces Ricardo Echegaray, Reynoso realizaba operativos oficiales truchos e inventaba irregularidades a empresarios, especialmente, a empresas y productores de frutas y hortalizas de la región. 

Se armaban denuncias que incluían acusaciones por trabajo esclavo y amenazaban con aplicar severas sanciones en caso de no acceder a sus pedidos, que casi siempre estaban relacionados con el pago de coimas. Exigieron algunas que iban desde un millón de pesos hasta $10 millones, dependiendo el tamaño de la empresa o de la finca.

Cercanías peligrosas

La proximidad de la localidad salteña de Orán con la ciudad boliviana de Aguas Blancas fue el principal recurso utilizado por Reynoso para establecer todo un andamiaje de corrupción y recaudación ilegal, dejando ingresar al país en forma impune al narcotráfico y sus máximos exponentes.

Esta zona está sindicada como una de las principales vías de acceso a la Argentina que es usada por bandas internacionales relacionadas con el poder narco y el contrabando, y según los expertos en seguridad, fue el resorte central para que durante la década pasada entrara sin ninguna clase de límites oficiales, y por fuera de todo orden legal, el tráfico de drogas a la Argentina.

Toda esta situación ejercida por parte del narcojuez durante años sirvió para que el juez federal Julio Bavio lo embargara por la suma de 15 millones de pesos y le entablara una causa judicial que llegará a su fin en el proceso que se sostendrá en los Tribunales a partir de los primeros días de agosto.