Facturas truchas: revés judicial para Echegaray

La sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazó ayer el sobreseimiento del extitular de la AFIP en la causa por las boletas espurias en beneficio de Lázaro Báez. El garante de la impunidad K, al borde del procesamiento

A lo largo de la década kirchnerista, desde lo más alto del Estado se montó todo un aparato destinado a beneficiar a los amigos del poder a través de acciones espurias. Uno de los lugares donde más se pudo ver esa “maquinaria en acción” fue la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que conducía Ricardo Echegaray.

Como todo un síntoma de los nuevos tiempos que se viven en Argentina, ayer la sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal rechazó el sobreseimiento del exjefe del ente recaudador en la causa que se le sigue por la confección de facturas truchas para beneficiar al supuesto testaferro de la familia Kirchner, Lázaro Báez, y ahora será el juez federal Sebastián Casanello quien resuelva su situación procesal.

Una de las acciones clave en toda esta operatoria que se investiga en la Justicia fue el haber creado todo un entramado de boletas apócrifas que sirvió para cobrarle al Estado obras que no se habían realizado, y que le costaron a la Argentina decenas de cientos de millones de pesos al año.

Según se destaca en la acción judicial, con la complicidad de Echegaray desde lo más alto de la AFIP se generó una ingeniería de facturas truchas a fin de dotar de una apariencia de legalidad al “dinero extra” que venía desde el empresariado, simulando una serie de contratos de alquiler de inmuebles y de hoteles a fin de “blanquear” el dinero que se llevaban los jefes y miembros de la asociación.

Usina ilegal

La acusación que pesa sobre el garante de la impunidad K es la de haber frenado desde el ente recaudador una investigación sobre Báez iniciada en la ciudad de Bahía Blanca por el uso de boletas anómalas con la empresa Austral Construcciones. De acuerdo a lo que se desprende de la indagación, el empresario que pasa sus días en la cárcel de Ezeiza obtuvo ganancias por más de $20 millones con esta maniobra ilícita.

Bahía Blanca se convirtió en un lugar clave para la causa, ya que en la localidad del sur bonaerense se pudo ver cómo desde sus calles funcionaba la empresa Calvento SA, una usina que le servía al empresario para actuar con facturas truchas. La AFIP supo de este hecho, pero frenó una intimación a la nave insignia del grupo Báez, lo que le permitió evadir el pago de millones de pesos en concepto de impuestos.

La defensa del exfuncionario había basado su pedido en la prohibición de la doble persecución penal, al invocar la existencia de dos resoluciones anteriores firmadas por el exjuez Norberto Oyarbide en las que ya lo habían sobreseído. Sin embargo, la Cámara no tuvo en cuenta este pedido y sí amplificó la solicitud del fiscal federal Guillermo Marijuán, que impulsa la investigación contra Echegaray.

Los magistrados, a su vez, aseguraron en el fallo que tampoco podía hacerse lugar al pedido de cierre porque los sobreseimientos dispuestos por Oyarbide eran “una decisión liberatoria de carácter aparente”, ya que resultaba “incomprensible desentrañar sobre cuáles hechos en concreto se pronunció ni tampoco en base a qué pruebas se llegó a esa decisión”.

Futuro complejo

Con esta decisión de la Cámara, Casanello quedó con vía libre para decidir si procesa o no a Echegaray en la causa. Desde la defensa del exfuncionario temen que con este rechazo y con las pruebas que hay en la Justicia en su contra, el futuro del extitular de la AFIP tenga un traje a rayas hecho a su medida.

Vale recordar que el pasado 17 de mayo, el exmandamás del ente recaudador declaró ante el juez que mientras estuvo al frente del organismo “nunca dio una orden para no investigar” a las empresas que proveyeron de facturas apócrifas a Báez, sino que instó a los dirigentes regionales a avanzar en ese tipo de casos.

Los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah también desestimaron en su fallo el planteo del exjefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Ángel Toninelli, quien también está investigado por el mismo hecho, en la causa que lleva adelante Casanello y que tiene a los exfuncionarios contra las cuerdas.

Complicaciones, en aumento

Juan Ignacio Suris, novio de la vedette Mónica Farro, detenido por la causa de las facturas truchas, es una de las piezas claves para poder dilucidar este hecho ilícito. 

Fue el propio Suris quien admitió desde la cárcel “reconozco lo de las facturas. Yo firmé las chequeras. Soy el dueño de las empresas, nadie más. Hice trabajos para empresas del sur. Muchas de ellas vinculadas al Gobierno”. Desde el rincón más cercano a Echegaray temen que, ante el cambio de las circunstancias políticas a nivel nacional, Suris comience a “prender el ventilador” y avance una causa que por muchos años estuvo tapada por el poder K, pero que ahora la Justicia ha vuelto a reabrir con consecuencias todavía imprevistas para el extitular del ente recaudador.