Jefe del Servicio Penitenciario, citado a indagatoria

Fernando Díaz, titular de las cárceles bonaerenses, fue llamado a declarar por el supuesto delito de “administración fraudulenta”. Se lo investiga por sobreprecios en las viandas. Crecen las críticas a su accionar

El titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), Fernando Díaz, fue llamado ayer a declaración indagatoria por haber cometido, supuestamente, el  delito de “administración fraudulenta en contra de la administración pública”. La orden provino del titular del Juzgado Federal Nº 2 de Salta, 

Miguel Antonio Medina, y tiene que ver con las acciones hechas por el actual funcionario provincial cuando desarrollaba labores como auditor general en el Servicio Penitenciario Federal (SPF). 

Según sospecha la Justicia norteña, Díaz -junto a otros 37 exfuncionarios- habría llevado a cabo irregularidades en la contratación del servicio de catering del Complejo Penitenciario Federal de Salta (NOA), lo que le habría costado al Estado cientos de miles de pesos.

Para los fiscales intervinientes en la causa, Eduardo José Villalba y Miguel Palazzani, “la deficitaria situación alimentaria, crónica y extendida que se acreditó en el Complejo Penitenciario Federal” tiene relación con un escenario “plagado de irregulares contrataciones millonarias, gestionadas por las autoridades penitenciarias”.

Sobre Díaz pesa la comisión del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” (artículo 173 inciso 7, en función del artículo 174 inciso 5º del Código Penal), en concurso real con el delito de vejaciones (artículo 144 bis inciso 2º del CP).

Sospecha generalizada

Del expediente judicial se destaca que el titular del SPB está sospechado de participar de la maniobra delictiva, por su rol de auditor general del SPF, que en ese momento debía controlar: no solo no lo hizo ni realizó denuncia alguna, sino que avaló las irregularidades delictivas en 40 expedientes de “legítimo abono”. 

El legítimo abono es un régimen irregular y excepcionalísimo de contratación pública que no debió utilizarse en esas operaciones, por el que se pagó la suma de $42.799.317,87, mientras que se denunció también la cifra de $1.957.725 de sobreprecio.

Vale aclarar que sobre el actual titular del SPB pesan otras investigaciones similares que se llevan adelante en el fuero federal, donde se ha puesto bajo la lupa el manejo de los fondos públicos, con situaciones parecidas a las denunciadas en Salta en los complejos de Ezeiza, Devoto y Marcos Paz.

Esto se suma a la denuncia hecha por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que en un duro informe destacó que “desde la nueva designación de Díaz al frente del SPB se resolvió implementar un sistema de viandas similar al denunciado en esta causa federal”.