Crece el malestar de los penitenciarios
Hoy habrá una reunión con el ministro de Justicia donde se intentará destrabar el conflicto. Van a reclamar que depositen a los guardiacárceles lo retenido por el IPS de los aumentos de febrero y marzo, y así equiparar el trato que recibieron los policías. Denuncian que ya hay 15 cárceles listas para realizar retención de tareas
La advertencia de dos espacios sindicales que representan a penitenciarios y centenares de llamados a la redacción de Hoy por parte de guardiacárceles dan cuenta de que el malestar de ese sector continúa en aumento por el irrisorio aumento que recibieron el viernes pasado (les depositaron, promedio, unos 400 pesos), y más teniendo en cuenta el error del gobierno de María Eugenia Vidal, el que a pesar de que siempre ha sido igual el incremento con los policías, esta vez, los carceleros cobraron un porcentaje cinco veces menor.
Por eso sigue firme la convocatoria de retención de tareas para que en las cárceles bonaerenses mañana no se permita el ingreso de las visitas de los presos, lo que podría generar revueltas en la población carcelaria.
El secretario general de SINPOPE (Sindicato de Policías y Penitenciarios), José Carranza, en diálogo con Hoy, adelantó que hoy a las 9 de la mañana se reunirá con el ministro de Justicia, Carlos Mahiques, para reclamar el depósito en las cuentas de los penitenciarios del dinero retenido por el IPS (Instituto de Previsión Social) al aumento concedido por el gobierno bonaerense.
Carranza explicó que ese encuentro será clave, ya que al menos 15 unidades carcelarias ya están listas para trabajar a “desgano”. El sindicalista mencionó que seguramente se verán esas retenciones de tareas en los penales de Olmos, Sierra Chica, San Martín, Florencio Varela, General Alvear, La Matanza, Bárquer, San Nicolás y la 9 de La Plata.
“Queremos que se repare el error y se abone al bolsillo de los penitenciarios los aumentos correspondientes a febrero y marzo, y que sea como el que le dieron a los policías, como históricamente sucedió”, detalló Carranza.
Presentación ante el INADI
El sindicalista anticipó también que el miércoles hará una presentación ante el INADI, por la discriminación sufrida por los guardiacárceles. “Nos prometieron un cambio, y lo cumplieron, pero para mal. Hasta el año pasado los acuerdos salariales eran retroactivos a enero y esta vez lo hicieron a febrero y para colmo los agentes del Servicio Penitenciario cobraron una cifra irrisoria de 400 pesos a mediados de abril”, se quejó Carranza.
Desde SINPOPE explicaron que “el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, firmó un decreto, con el aval de la Caja de retirados y jubilados de la Policía, para que los incrementos salariales vayan directo al bolsillo de los policías, pero desde el Ministerio de Justicia no hicieron lo mismo con los penitenciarios y el IPS retuvo los incrementos de febrero (5%) y marzo (10%)”.
“Si son dos ministros, uno de Seguridad, que tiene a cargo a la Policía Bonaerense, y otro de Justicia, que tiene a cargo el Servicio Penitenciario, y los dos trabajan a la par de la gobernadora María Eugenia Vidal, no entendemos los motivos del trato desigual. Parece que a alguien se le escapó la tortuga”, señaló Carranza.
Los penitenciarios que llamaron a Hoy se quejan por la inflación. “La realidad marca que la inflación le gana por goleada al aumento de los sueldos. En los primeros tres meses los precios aumentaron un 12 por ciento y los penitenciarios recién percibimos un 5 por ciento a mediados de abril. Y recién en septiembre vamos a acumular un 25 por ciento. Necesitamos llevarle a nuestra familia un salario digno después de trabajar entre 480 y 520 horas mensuales”, indicó una oficial de la fuerza.
“Convivimos con un hacinamiento permanente”
Juan Montenegro, del Sindicato Único de trabajadores penitenciarios de la República Argentina (SUTPRA) remarcó a Hoy que “el jueves pasado, luego de la manifestación que realizamos policías y penitenciarios en la Plaza San Martín fuimos recibidos en la secretaría privada de la gobernadora y entregamos un petitorio donde planteamos cuestiones de fondo: la mejora salarial es solo uno de los puntos”.
Luego agregó: “Las falencias que presenta hoy el sistema penitenciario son muy graves. Hace dos semanas murió un compañero de hantavirus en la Unidad 47 San Martín. Convivimos en un hacinamiento permanente y las condiciones de salubridad llegan al extremo. Hay privados de libertad con tuberculosis y otras enfermedades riesgosas. Durante los últimos 12 años no hubo intervención del gobierno de turno en estas cuestiones. Ahora queremos que el gobierno se siente en una mesa de diálogo con nosotros para encontrar respuestas a estos temas trascendentales”.
Para Montenegro “es una burla que vayamos al cajero y nos desayunemos que el aumento fue de 412 pesos. Las autoridades del Servicio Penitenciario nos explicaron que esto pasó porque el IPS retuvo los primeros aumentos”.
“Nosotros –continuó- ante estas irregularidades presentamos denuncias administrativas y penales pero no llamamos a tomar medidas de fuerza, a pesar del fuerte descontento que se palpa en todos los penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Por eso, en esos encuentros queremos ver cómo van a hacer para arreglar el error y que devuelvan la plata absorbida por el IPS a los agentes”.
El testimonio de una oficial del SPB
“Somos una fuerza pública que no tiene presencia en la calle como la Bonaerense y por eso nos discriminan, y no nos dieron el mismo aumento que a los policías, que bien merecido lo tienen. La hora extra también es muy diferente. En el SPB se paga 21 pesos y la Policía 40 pesos”, explicó a Hoy una oficial penitenciaria.
“No se nos reconoce pero somos los que cada vez que hay una pelea en un pabellón arriesgamos la vida para salvaguardar la vida de los detenidos que están bajo la custodia del Estado, y cada vez más se dan casos de guardiacárceles heridos con armas blancas en eso procedimientos por parte de los mismos reclusos”, añadió la integrante de la fuerza.
Cabe aclarar que le decisión del gobierno de María Eugenia Vidal, de abonar solo 412 pesos a los penitenciarios perjudica a cerca de 20 mil familias bonaerenses.