La AFIP y Lázaro Báez hasta las manos

Con una evidente complicidad de la AFIP, el empresario Lázaro Báez, que sería testaferro de la familia Kirchner, habría utilizado un sistema de facturación ilegal para evadir impuestos sistemáticamente. Según una investigación del diario La Nación, se trataría de empresas asentadas en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en la zona de Bahía Blanca.

La facturación falsa le permitió a Báez reducir los impuestos que pagó durante los últimos años a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que concentró sus investigaciones sobre las empresas emisoras de esas facturas apócrifas, pero no sobre los libros contables de Austral Construcciones, la nave insignia del conglomerado de empresas que controla el socio de la presidenta Cristina Kirchner.

El descubrimiento de la multimillonaria evasión tributaria sacudió la regional de la AFIP de Bahía Blanca. Mientras avanzaban con la investigación, el titular del organismo, Ricardo Echegaray, emitió la disposición 299/12 que la redujo a "agencia", bajo el control de Mar del Plata. Y cuatro días después desplazó a las autoridades locales y desarticuló su área de Fiscalización.

La facturación apócrifa que benefició a Báez se apoyó en por lo menos tres conjuntos de compañías de esa ciudad. El primer grupo de empresas emisoras de facturas truchas responde a la familia Ficcadenti con tres sociedades anónimas -Calvento, Grupo Penta y Cía., y Terrafari-, con una facturación irregular por al menos $50 millones, aunque algunos expertos estiman que podría ser más elevada.

El segundo pelotón de facturas truchas corresponde a una empresa real, pero que facturó servicios jamás prestados o que infló sus verdaderas prestaciones. Se trata de la Constructora Patagónica Argentina SA, de la familia Ferreyra. Sólo durante 2009, esa empresa constructora le facturó $13 millones a Austral Construcciones, según consta en el libro IVA Compras de la firma de Báez, cuya autenticidad confirmó el propio Báez en diciembre pasado cuando se conoció la compra de más de 1100 habitaciones por mes, durante años, en los hoteles de la presidenta Cristina Kirchner por ocho de sus empresas.

A estos grupos de empresas de los Ferreyra y los Ficcadenti, se sumó un tercer emisor, Iberoamericana de Servicios SA, de la familia Pedraza, originaria de Bahía Blanca, aunque luego se trasladaron a Santa Cruz.

La trama de Iberoamericana incluye también a un conocido personaje local, Juan Ignacio Suris, pareja de la voluptuosa vedette Mónica Farro, quien emitió facturas truchas para esa empresa y desde enero pasado se encuentra detenido por narcotráfico, mientras que también afronta acusaciones por presunta evasión y lavado.

Días atrás, la Cámara Federal de Bahía Blanca confirmó su procesamiento como jefe de una supuesta asociación ilícita fiscal, por la que debería pagar $15 millones en concepto de responsabilidad civil. Sólo su grupo habría evadido $40 millones, con facturas que repartió entre "al menos 190 (empresas) usuarias".

Entre esas empresas figura el Grupo Penta, de la familia Ficcadenti. Esa firma comparte un eslabón clave con las de Suris: el asesoramiento contable de un puñado de profesionales que se encargó de defender al exnovio de Farro ante la AFIP y de afinar los números de Penta para un polémico plan de pagos.

La regularización tributaria del Grupo Penta tiene múltiples zonas grises. Entre otras, la que surge de los cheques que recibió de Austral Construcciones y cambió en Crediba, una conocida financiera local. Todos esos cheques tienen varios rasgos en común. Son correlativos -del 11466620 en adelante-, y Austral Construcciones los utilizó para cancelar servicios nunca prestados o con sobrecostos millonarios.