La Procuración de Brasil pone reticencias al envío de pruebas por Odebrecht

A través de un comunicado, el Ministerio Público Fiscal del vecino país advirtió que “no está autorizado” a compartir evidencia “sin una imposición de límites” sobre el uso que se les dará

La Procuraduría General de Brasil emitió ayer un comunicado oficial reafirmando que ese país “no está autorizado a enviar pruebas” aportadas por la constructora Odebrecht a otros estados “sin una imposición de límites al uso de la evidencia voluntariamente ofrecida” por los colaboradores.

“Si las condiciones exigidas por la ley brasilera no son aceptadas por la Nación solicitante, por imposibilidad legal conforme a la ley de ese país, el Estado brasilero no puede, con base en sus propias leyes, entregar las pruebas al Ministerio Público demandante”, explicó el secretario de Cooperación Internacional del organismo, Vladimir Aras.

A su vez, recordó que la Secretaría es “responsable de la verificación de las condiciones legales para el intercambio de pruebas”. 

De esta forma, puso el acento en la necesidad de garantizar que, en el Estado que requiera la información, sean respetadas las condiciones de la delación premiada para personas físicas y jurídicas, es decir, que la empresa pueda seguir operando tras del pago de una multa.

Acuerdo binacional

Mientras en Buenos Aires se viene desarrollando desde el miércoles un encuentro de fiscales del Mercosur, los procuradores de la Argentina y Brasil, Alejandra Gils Carbó y Rodrigo Janot Monteiro de Barros, firmaron ayer un acuerdo para crear un equipo de investigación binacional que avance de manera conjunta en causas vinculadas con los supuestos pagos de coimas de Odebrecht. 

Directivos de Techint, salpicados por la causa

La fiscal Paloma Ochoa promovió ayer una causa para investigar si los representantes de la empresa Techint Ingeniería y Construcción -del Grupo Techint-, a través de su filial en Brasil, sobornaron entre 2009 y 2014 al presidente de la compañía de energía atómica Eletronuclear, Othon Luiz Pinheiro Da Silva, en el marco de una causa ligada al escándalo de Lava Jato. 

Según la denuncia, la coima habría tenido como propósito lograr la adjudicación de la obra de construcción de la Central Nuclear Almirante Álvaro Roberto-Unidad 3, conocida como ANGRA III, en la ciudad brasilera de Angra Dos Reis.

El requerimiento de la fiscal tiene lugar tras la denuncia realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), en la que se reveló que Techint Ingeniería y Construcción, contratista de Eletronuclear, habría efectuado pagos indebidos junto al grupo de empresas que en Brasil conforman el consorcio Angramon.