Quieren silenciar al diario Hoy
La AFIP inició un nuevo ataque, luego de que nuestro diario revelara que el organismo se rige con disposiciones calcadas de la dictadura de Pinochet. Hoy presentará una demanda para que se investiguen las responsabilidades de Ricardo Echegaray y del resto de los funcionarios que intervienen en los operativos de apriete
El kirchnerismo está llegando a su fin, pero la presidenta Cristina Fernández busca garantizarse impunidad. ¿De qué forma? Intentando acallar todas las voces críticas a su gestión, especialmente las que provienen del periodismo independiente, cuyo accionar ha permitido desenmascarar muchos de los actos de corrupción que hoy tienen contra las cuerdas a varios funcionarios de la administración K.
Es en este contexto que debe entenderse la feroz embestida que viene instrumentando el gobierno nacional contra el diario Hoy, utilizando como instrumento la estructura de la Administración federal de Ingresos Públicos (AFIP), a cargo de Ricardo Echegaray. Esta ofensiva, en la semana que pasó, sumó un nuevo y escandaloso capítulo.
Concretamente, luego de que en la edición del último martes 14 de octubre el diario Hoy publicara una investigación sobre las normativas que rigen el funcionamiento de la AFIP, que están inspiradas en el sangriento régimen dictatorial que comando Augusto Pinochet en Chile, ese mismo día llegó una intimación al diario firmada por la jefa de la Agencia Nº 2 de La Plata, María de los Angeles Lavini de Miano.
El organismo recaudador reclamaba por el pago de una cuota de aportes de seguridad social y contribuciones de seguridad social. Lo llamativo no fue sólo que la cuota ya se había abonado, sino también que la intimación llegó el mismo 14 de octubre en un horario absolutamente inusual: al anochecer.
Como si esto fuera poco, tan solo 48 horas después, llegó una nueva notificación informando que un equipo de inspectores realizarán una fiscalización a la empresa Edigráfica SA, responsable de la edición del diario Hoy. Esto se da pocos meses después de finalizada otra inspección de la AFIP, que se instrumentó en tiempo récord y que apuntó directamente contra la directora del diario Hoy, la señora Myriam Renée Chávez de Balcedo. Esa inspección, a su vez, estuvo acompañada de una inédita y escandalosa batería de cartas documentos, denuncias penales y civiles contra la señora Chávez de Balcedo, en represalia por que el diario publicó una serie de investigaciones sobre el oscuro accionar de la AFIP.
“La orden viene de arriba: no podemos hacer nada”, es la excusa que pronuncian varios funcionarios de carrera del organismo recaudador que fueron consultados por Hoy, y que piden mantener en reserva su nombre para evitar represalias.
Ante tamaño atropello, el diario Hoy defenderá la libertad de expresión, y el derecho a informar y ser informados que tiene la ciudadanía, hasta las últimas consecuencias. Por ello, un equipo de abogados ya está puliendo los detalles de una demanda penal que se presentará en los próximos días donde se solicitará investigar al titular de la AFIP y a todos los funcionarios políticos, y de carrera, que hayan tenido algo que ver con los aprietes y la persecución.
Los funcionarios K, que buscan silenciar al diario Hoy, debería recordar la frase que inmortalizó Domingo Faustino Sarmiento mientras huía a su exilio en Chile, cuando escribió con un carbón en una piedra: “Bárbaros, las ideas no se matan”.
El silencio del kirchnerismo
Cuando en mayo pasado, el diario Hoy denunció los aprietes de la AFIP, un grupo de diputados opositores presentó un pedido de informes en el congreso, con el objetivo de que el organismo recaudador dé explicaciones sobre su accionar.
Como sucede desde hace tiempo, la mayoría kirchnerista en el congreso habría bloqueado su tratamiento en la comisión de Libertad de Expresión, con el objetivo de seguir garantizando la impunidad. El pedido de informes presentado el 26 de mayo fue firmado por diputados del bloque FAP: Margarita Stolbizer, Gabriela Troiano, Victoria Donda, María Virginia Linares y Omar Duclós.
El 23 de junio también presentó un pedido de informes de similares características el diputado nacional Alberto Asseff (UNIR), que también quedó cajoneado en la comisión de Libertad de Expresión.