Atacaron la sede de la fiscalía de Bella Unión
El atentado fue con una bomba molotov cuando solo había una custodia de seguridad. No se reportaron heridos.
La sede de la Fiscalía de Bella Unión, en el departamento uruguayo de Artigas, sufrió esta madrugada un atentado con bomba molotov, cuando en el edificio sólo había una custodia de seguridad.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, denunció el atentado a través de sus redes sociales, pero se esperan más detalles en una conferencia de prensa que dará en la tarde.
"No hay lesionados, solo daños materiales. Esto es un cambio cualitativo negativo en la seguridad de nuestra gente. Hemos reclamado sin éxito presupuesto para dar seguridad a nuestros funcionarios", señaló en un tuit Díaz."No nos van a mover un ápice en nuestra determinación de investigar los delitos y perseguir a los delincuentes", aseguró el fiscal.
Actualmente en Bella Unión no hay algún caso particularmente peligroso, según indicó el medio local La Diaria, aunque siempre hay áreas más amenazantes, como los delitos por narcotráfico.
Sin embargo, no hay indicios de que el atentado responda a un caso particular, aunque se profundizará más en las próximas horas.
El fiscal indicó que se necesita "presupuesto para garantizar la seguridad de quienes están en la primera fila del combate", en referencia a los funcionarios judiciales.
"En algunos rubros, como en gastos de funcionamiento, estamos muy mal", indicó Díaz en una entrevista televisiva en junio de este año.
En ese entonces también planteó al Parlamento la necesidad de que la Rendición de Cuenta contemple un sensible incremento en las partidas destinada a los gastos en funcionamiento e inversiones del organismo.
"La Fiscalía arrastra desde hace varios años un déficit estructural, por el cual solo puede financiar con recursos reales el 47% de su funcionamiento. Para asumir el resto, se sigue apelando a trasponer rubros que originalmente estaban destinados a partidas salariales", agregó.
La Fiscalía pide aumentar un total de 103 millones de pesos uruguayos las partidas destinadas a gastos de funcionamiento hasta 2024, pero el Ejecutivo excluye cualquier incremento de gasto.
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