La Conquista del Desierto Verde

En 1884, la campaña militar del gobierno argentino para someter a los indígenas del Gran Chaco, conocida como Conquista del Desierto Verde, se encontraba en pleno desarrollo. Con ese escenario, el 22 de junio, en el norte de la actual provincia de Santa Fe, se creó la reducción de San Antonio de Obligado, con la autorización del presidente Julio Argentino Roca y a instancias del coronel Manuel Obligado, que le puso su nombre al emplazamiento. El padre franciscano Ermete Constanzi fue designado para llevar adelante el proyecto evangelizador.

En su discurso de apertura de las sesiones legislativas, Roca había sentenciado: “No terminaré mi mandato sin poner fin a la Conquista del Desierto para incorporar al dominio de la nación la vasta superficie del norte”. No fue la primera reducción indígena que se había creado a nivel regional. Durante el siglo anterior se habían creado hacia el sur las de San Javier y San Pedro, gestionadas por los jesuitas hasta su expulsión de América en 1768. Todas tenían la misma finalidad: disciplinar a los indígenas, inculcarles creencias y rituales cristianos y enseñarles el modo de vida occidental.

San Antonio se erigió a cien kilómetros de la ciudad de Reconquista. El día anterior a su fundación, Obligado y Constanzi partieron desde colonia Las Toscas en una procesión junto a 250 indígenas moqoit y quom, hacia el lugar donde iba a establecerse la reducción. Durante el trayecto, los caciques de las comunidades sometidas fueron obligados a cargar en andas la imagen de San Antonio, en un hecho lleno de simbolismo, que representaba la dominación de una cultura sobre otra.

Obligado les había asegurado a las comunidades que el Estado les otorgaría la propiedad de sus tierras. Nada de eso ocurrió. La sucesión de hechos que tuvieron lugar en la reducción de San Antonio de Obligado barrieron las tibias esperanzas que albergaban ciertos indígenas; las escrituras de las tierras jamás aparecieron y los buenos tratos de los primeros meses cedieron a los castigos y las vejaciones propinadas por los miembros del ejército que habían sido designados para custodiarlos.

Los indígenas no sólo debían trabajar en las tierras de la reducción, sino también en los ingenios azucareros de localidades vecinas o para la guarnición militar de Las Tocas, cuyo comandante era Marcos Piedra. Las condiciones de vida en la misión comenzaron a empeorar con epidemias, abusos físicos, castigos de las autoridades militares y falta de alimentos. La gota que rebalsó el vaso llegó en el verano de 1887, cuando el Ejército nacional raptó a una niña indígena para cumplir con un pedido del gobernador del Territorio Nacional de Misiones, Rudecindo Roca, hermano del presidente Julio Argentino Roca, que había solicitado que le enviaran “una chinita” para servidumbre.

La indignación derivó en la sublevación de una parte de los aborígenes sometidos, quienes asesinaron a Piedra y a otro soldado, antes de abandonar la misión para internarse en el monte. En respuesta a esas muertes, el Ejército fusiló a 16 indígenas que no habían participado de la revuelta. Pero la historia oficial instaló una versión mendaz: los indígenas fueron fusilados en represalia por haber matado al sacerdote Ermete Constanzi - quien en realidad murió once años después de la masacre-, degollado por un sicario a sueldo de los terratenientes a quienes molestaba su permanente reclamo en favor de los indígenas.

El propio Constanzi confeccionó de su puño y letra el acta parroquial de defunción de los masacrados en 1887, donde puede leerse que “fueron asesinados por las fuerzas militares que guarnecían en este punto”, catorce hombres “más una mujer y un chico de poca edad”, los cuales luego “fueron enterrados cerca de la proveeduría donde los soldados estaban acuartelados”.