Costa Rica tiene nueva presidenta

Laura Fernández, de 39 años de edad, obtuvo la presidencia de Costa Rica en primera ronda con un contundente triunfo el pasado domingo. Durante la campaña electoral, se presentó como la “heredera” del actual presidente Rodrigo Chaves y prometiendo mano dura contra el crimen y la inseguridad. De esta manera, se consolidó el giro hacia la derecha, iniciado en el actual mandato.

Los datos oficiales confirmaron la ventaja clara de Fernández al obtener alrededor del 48,5% de los votos, sobre su principal rival, el economista socialdemócrata Álvaro Ramos, candidato del Partido Liberación Nacional (PLN), quien obtuvo el 33,3% de los sufragios. La elección se desarrolló con una participación marcada por un abstencionismo del 30,3%, según cifras del Tribunal Supremo de Elecciones. Siguiendo sobre el mismo tema, las autoridades electorales calificaron la jornada como ejemplar, libre y auténtica.

“Yo, como nueva presidente de la República, no voy a permitir nunca el autoritarismo y la arbitrariedad que nadie quiere en Costa Rica”, destacó en su discurso la flamante mandataria electa. Por otro lado, Fernández aseguró que van a cambiar las “reglas del juego político” en Costa Rica. “El mandato que me da el pueblo soberano es claro, el cambio será profundo e irreversible”, mencionó. Asimismo, es valioso remarcar, que su investidura ocurrirá el próximo 8 de mayo.

Como se comentó previamente, la inseguridad y el auge del narcotráfico fueron los ejes centrales de la campaña de Fernández. Entre las propuestas más destacadas figura la posibilidad de decretar estados de excepción en zonas de alta criminalidad, una medida contemplada en la Constitución Política. En su momento, Fernández había comentado que el levantamiento de garantías permitiría, mediante procedimientos especiales, sacar de circulación a criminales identificados. Además, la política expresó su admiración por el presidente salvadoreño Nayib Bukele y se comprometió a concluir la construcción de una penitenciaría de alta seguridad inspirada en la mega cárcel Cecot de El Salvador, además de endurecer las penas y reforzar la acción del Estado frente al delito. Los opositores la calificaron de autoritaria, al mismo tiempo de alertar sobre posibles riesgos para la democracia y las libertades civiles.