Ecuador decretó estado de excepción en siete provincias

El presidente ecuatoriano Daniel Noboa decretó este martes el estado de excepción por 60 días en siete de las 24 provincias del país en las que hay focos de protestas contra la eliminación del subsidio al diésel. Con el fin del subsidio, el costo de este combustible aumentó un dólar. De esta manera, los colectivos de trabajadores y estudiantes protestan porque estas medidas afectan el costo de vida en Ecuador.

El estado de excepción en Ecuador rige para las provincias de Carchi, fronteriza con Colombia, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo de los Tsáchilas. El presidente Daniel Noboa argumentó en un decreto que la medida se debe a “las paralizaciones que han alterado el orden público, provocando situaciones de violencia manifiesta” y afectando el “derecho a la libre circulación, al trabajo y al ejercicio de actividades económicas”. Según se remarcó, el estado de excepción restringe el derecho a la reunión y otorga el control del orden público a la Policía y las Fuerzas Armadas.

“Esta situación requiere de una intervención excepcional de las instituciones del Estado para precautelar la seguridad y garantizar los derechos de los ciudadanos; el orden público y la paz social”, detalla el decreto publicado. Con el estado de excepción, las autoridades limitan las aglomeraciones en espacios públicos durante las 24 horas del día con el objetivo de paralizar servicios públicos e impedir que se atente contra los derechos, libertades y garantías del resto de ciudadanos. Sin embargo, no implica restricción al derecho a manifestarse “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”.

El gobierno ha advertido que está abierto al diálogo, pero no “a la negociación ni a la extorsión” por parte de los sectores afectados. También, añadió que no cederá en su decisión de eliminar el subsidio y usar esos fondos para beneficiar a quienes realmente lo necesitan. Por su parte, sindicalistas de distintos sectores anticiparon que radicalizarán las protestas en rechazo a la medida, en tanto la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la mayor de su tipo en el país, indicó que la Administración de Noboa “está llevando al límite la paciencia popular”.