espionaje internacional

Se suman investigaciones por el escándalo con el software israelí Pegasus

Reporteros Sin Fronteras reclamó ante las autoridades de Jerusalén. El mandatario francés, Emmanuel Macron, ordenó investigar el hackeo de su teléfono. Y en México las revelaciones dejaron al expresidente Enrique Peña Nieto bajo la lupa.

El escándalo Pegasus por el espionaje a líderes mundiales, periodistas y activistas sumó ayer un nuevo capítulo de reacciones en Francia, donde el gobierno ordenó una investigación al hackeo del teléfono del presidente, en México, donde se supo que el Ejecutivo de Enrique Peña Nieto pagó unos 32 millones de dólares por el software, y en Israel, donde Reporteros Sin Fronteras (RSF) les pidió a las autoridades que dejen de vender ese programa para espiar.

El sofisticado sistema explota las vulnerabilidades de los teléfonos móviles inteligentes y exporta los datos del usuario (correos electrónicos, mensajes, fotografías, conversaciones) hacia páginas de internet creadas por la empresa israelí NSO, que se renuevan constantemente para evitar ser detectadas.

La investigación periodística publicada por 17 medios de todo el mundo detectó 50.000 números seleccionados por clientes de NSO desde 2016.

La nómina incluye los teléfonos de 180 periodistas, 600 políticos, 85 defensores de derechos humanos y 65 empresarios, según Le Monde, The Guardian, The Washington Post y los medios mexicanos Proceso y Aristegui Noticias, entre otros, que localizaron buena parte de los posibles espiados en México, Marruecos y Arabia Saudita.

Los números telefónicos del presidente francés, Emmanuel Macron, y de miembros de su gobierno, y del rey de Marruecos, Mohamed VI, y su entorno figuran en una lista de posibles objetivos del software utilizado por algunos Estados para espiar a periodistas.

El diario Le Monde reveló que estos números, entre ellos los del ex primer ­ministro Edouard Philippe, figuraban “en la lista de los números seleccionados por un servicio de seguridad del Estado marroquí, usuario del software espía Pegasus, para un eventual pirateo”.

La fiscalía francesa anunció ayer la apertura de una investigación contra Marruecos que abarca diez delitos, entre ellos “violación a la privacidad”, “intercepción de correspondencia”, “acceso fraudulento” a un sistema informático y “asociación de malhechores”, que responde a una denuncia presentada por el portal independiente Mediapart.

El gobierno de Marruecos rechazó las acusaciones, denunció una “campaña mediática” en su contra y reclamó “pruebas tangibles” sobre su participación en estas actividades.

Por su parte, Macron ordenó la apertura de una investigación sobre el supuesto espionaje del que fue víctima junto a periodistas, miembros de su gobierno y otros políticos a través del software de fabricación israelí.

En paralelo, la fiscalía sumó otra investigación después de que varios medios revelaran que periodistas de Mediapart, como Lénaïg Bredoux y Edwy Plenel, se encuentran entre los más de 180 comunicadores espiados en todo el mundo a través de este sistema.

Sin embargo, un alto responsable de la empresa israelí de ciberseguridad NSO, Chaim Gelfand, afirmó que Macron “no era un objetivo” del programa Pegasus.

“Hay algunos casos que fueron revelados, lo que nos plantea problemas y vamos a empezar a revisar los hechos”, agregó.

Poco después, el grupo, con sede en Tel Aviv, dijo ser víctima de una campaña “viciosa y calumniosa”, y anunció en un comunicado que “no respondería a preguntas de medios” sobre el caso Pegasus.

La empresa tiene contratos con 45 países y afirma que el Ministerio de Defensa israelí debe aprobarlos.

De la lista de 50.000 números de teléfonos celulares obtenidos por la investigación, unos 15.000 pertenecerían a mexicanos, entre ellos el presidente Andrés Manuel López Obrador, su familia y unas 50 personas de su entorno, incluido su cardiólogo.

La investigación periodística determinó que sus teléfonos fueron intervenidos entre 2016 y 2017 con Pegasus.

En ese sentido, la Unidad de Inteligencia Financiera de México informó que el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto compró el software por un valor total de 32 millones de dólares.

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