Tras la alerta roja emitida por Interpol desde Argentina, la Justicia uruguaya citó a "Pepín" Rodríguez Simón

El operador judicial del expresidente Mauricio Macri y diputado argentino en el Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur), Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien se entregó ayer a la Justicia de Uruguay -donde había pedido asilo político- fue citado a una audiencia este viernes 21 de mayo a las 14.30.

El juez que interviene en la causa, doctor Marcelo Malvar, solicitó hoy a Interpol que se le informe fehacientemente si existe un pedido de detención realizado desde Argentina, tema que será tratado en la ocasión.

Horas antes de que Rodríguez Simón se entregara, la jueza argentina María Romilda Servini de Cubría había ordenado su captura internacional, tras considerarlo en rebeldía, además de disponer la inhibición general sobre todos sus bienes.

"Fabián Rodríguez Simón tiene herramientas procesales en el país 
(de diverso tipo) para articular estos planteos dentro del ámbito del proceso penal, es decir, del Poder Judicial de la Nación, poder  autónomo del poder político respecto del que presenta o plantea sus sospechas (Art. 1 de la Constitución Nacional). Debo hacer notar que en este caso no resulta parte ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional", dice la resolución judicial firmada por la jueza el 19 de mayo pasado.

Y agrega: "Así, entiendo que están dadas las condiciones para decretar su rebeldía y ordenar su inmediata captura nacional e internacional; eventual y oportunamente se solicitará la correspondiente cooperación judicial internacional (Tratado de Extradición entre la República Argentina y la República Oriental del Uruguay – Ley n° 25.304)".

Cabe recordar que “Pepín” viajó a Uruguay en diciembre último buscando refugio amparándose en la ley 18.076, denunciando “persecución política” y una “campaña de difamación en su contra”, tras una denuncia del empresario Fabián De Sousa, del Grupo Indalo, que lo acusó de integrar una asociación ilícita junto a Macri, dedicada a desapoderarlo de sus bienes y enviarlo a la cárcel.

Los detalles de la investigación tramitan en el expediente originado a partir de la primera acción de habeas corpus preventivo ya desestimada por el magistrado Malvar.

Por lo pronto, la detención se concretaría una vez que las autoridades judiciales uruguayas se expidan sobre la orden de captura. 

Los detalles de la acusación

Según consta en la mencionada Resolución (ver PDF adjunto), "se investiga la presunta existencia de actos llevados a cabo por funcionarios públicos, desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción a través de los cuales, con abuso funcional y desvío de intereses, habrían producido perjuicios económicos tanto a particulares, como al patrimonio nacional, con el objetivo de llevar al derrumbe de las empresas integrantes de aquel grupo para su liquidación y venta a precio vil, presuntamente en beneficio de intereses empresarios afines al gobierno y en perjuicio de los intereses públicos".