Abogados denuncian el desmonte de 126.000 hectáreas y acusan a Macri

Advierten también por la continuidad de estas maniobras si se aprueba la Ley Ómnibus.

En medio del tratamiento por la denominada Ley Ómnibus o “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa)se alertó acerca del desmonte de hectáreas de bosques nativos y además se acusó con nombre y apellido a supuestos beneficiarios del proyecto.

Quien habló fue Enrique Viale, uno de los miembros de la Aadeaa, quien se lamentó: “Hasta hace poco estábamos debatiendo en el Congreso de la Nación si sancionábamos una ley de humedales. Ahora retrocedimos y estamos debatiendo leyes sancionadas hace 15 años: la de bosques y la de glaciares. Estábamos discutiendo el siglo XXI y nos llevaron a discusiones del siglo XIX”.

De esta manera, el hombre aseguró que hay al menos tres beneficiarios con estas modificaciones. Según dijo, uno de ellos es Eduardo Elsztain, quien es el dueño del hotel en donde se alojó por un largo tiempo Javier Milei, y además también es dueño de Cresud.

Así, denunció: “¿Saben cuánto desmontó ya Elsztain en Salta? 120.000 hectáreas. El equivalente a seis veces la Ciudad de Buenos Aires. ¿Saben cuánto tiene planificado desmontar en su finca Los Pozos, en una zona hoy protegida por la ley de bosques? 150.000 hectáreas más. Si sale la ley, las va a destrozar”.

Por otro lado, Viale también acusó a Macri, ya que aseguró que “el expresidente ya desmontó 6.000 hectáreas. Y está pidiendo recategorizar zonas amarillas, que es lo que se quiere cambiar con esta reforma; 10.000 hectáreas es lo que planifica desmontar”.

Asimismo, aseguró que Luis Caputo, el actual ministro de Economía, es otro de los beneficiados, quien “ya desmontó 500 hectáreas en el departamento Copo en Santiago del Estero y tiene miles de hectáreas más por desmontar”.

Vale recordar que el texto original de la ley ómnibus elimina presupuestos mínimos de las normas de glaciares y bosques, flexibiliza controles (y que los propietarios no necesiten informar sus acciones) y quita la obligatoriedad de las comunidades en el acceso a la información. Todo en un contexto signado por el aumento global de la temperatura y los eventos climáticos extremos.

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