Buscan achicar un 20% de la planta del INTA
El Gobierno nacional oficializó los retiros voluntarios para reducir mil puestos de trabajos en el organismo.
Como dijo Javier Milei, la motosierra no se detiene: el Gobierno nacional oficializó un nuevo programa de retiro voluntario para trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA). El objetivo de reducir unos 1.000 puestos. Las cesantías se suman a los futuros despidos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI): según ATE, alcanzará a 700 trabajadores.
El esquema en el INTA, oficializado por la resolución 144/2026, estará vigente hasta el 31 de mayo y contempla una gratificación calculada según la antigüedad y el salario de cada empleado de planta permanente.
El objetivo es reducir un 20% la planta actual del organismo, integrada por unos 5.900 trabajadores. Incluso, desde el propio Instituto difundieron un “simulador de cálculo” para que el personal pueda estimar cuánto dinero recibiría en caso de adherirse al programa.
El régimen está dirigido exclusivamente a trabajadores de planta permanente comprendidos en la Ley Nº 25.164 y en el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional.
La resolución establece que la compensación económica será calculada sobre los haberes liquidados a enero de 2026 y la antigüedad reconocida hasta el 31 de marzo de este año. Además, se tomó en cuenta un incremento salarial acumulado del 10,30% para determinar el monto de las gratificaciones.
El esquema prevé el pago de una gratificación extraordinaria equivalente a 1,5 salarios brutos por cada año de servicio o fracción superior a tres meses. El cálculo contempla únicamente el tiempo trabajado como personal permanente dentro de la Administración Pública Nacional.
A su vez, el beneficio tendrá topes según la edad del trabajador. Hasta los 60 años no habrá límite, mientras que entre los 61 y 63 años se aplicará un máximo de 24 salarios brutos. Para quienes tengan 64 años o más, el tope será de 12 haberes.
La motosierra
En 2024 se implementó un primer retiro voluntario que consiguió alrededor de 300 adhesiones sobre una planta de más de 6.000 empleados. Luego, la administración libertaria intentó avanzar con cesantías, pero la Justicia frenó la medida.
En agosto de 2025 el Gobierno aceptó la decisión del juzgado federal de San Martín y dejó sin efecto unos 300 despidos.
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