Buscan incorporar el lawfare al Código Penal

En los próximos días se dará a conocer el proyecto que elaboraron en conjunto la diputada Gisela Marziotta y el titular de la Comisión de Seguridad Interior y legislador del Frente de Todos, Ramiro Gutiérrez.

El mismo comenzó a elaborarse el pasado jueves en una audiencia pública organizada por Marziotta en la que intervinieron especialistas para evaluar las posibilidades de legislar en la materia: junto a expertos en Derecho constitucional participaron el diputado Gutiérrez y la secretaria parlamentaria de bloque, Paula Penacca.

Gutiérrez destacó que la iniciativa permitiría contemplar en el Código Penal “acciones no previstas, basadas en la malicia y con la finalidad de cercenar el libre ejercicio de los derechos constitucionales políticos”.

“Para todos estos casos se establece la pena de cárcel (hoy es multa e inhabilitación), para establecer congruencia y proporcionalidad con otras figuras de igual gravedad previstas en la ley penal”, añadió.

En relación a la eventual figura penal del lawfare, el legislador señaló que abarcaría tanto “al juez, fiscal, asesor o funcionario encargado de emitir dictamen ante la autoridad judicial que actúe maliciosamente”.

Por otro lado, Marziotta justificó la presentación del proyecto al plantear que el lawfare constituye un “vacío legal” para el funcionamiento de los poderes del Estado, lo que representa un “peligro”.

“Es un peligro, no solamente para los gobiernos y líderes populares, sino para todo el sistema democrático que ve que si hay lawfare no hay democracia”, puntualizó la diputada.

“El peligro que encierra es enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solamente a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare”, agregó y explicó que “la idea es convertirlo en un delito penal, tipificándolo para que sea penalizado”.

En la misma línea, la legisladora del FdT remarcó que “no se puede aceptar que se utilice el poder judicial de un magistrado en forma maliciosa para afectar los derechos políticos de los demás ciudadanos”.

Desde el oficialismo reconocieron que es poco probable que un proyecto de estas características avance en el recinto, dada la extrema paridad entre FdT y JxC. De todas formas, señalaron que el primer objetivo es instalar el debate en la agenda pública.