Casación rechazó el pedido de Macri de bloquear la pericia sobre sus teléfonos

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios mediante los cuales las defensas del expresidente Mauricio Macri y del diputado del Parlasur Fabián “Pepín” Rodríguez Simón pretendían llegar a la Corte Suprema de Justicia con su planteo contra la decisión de ordenar una pericia sobre sus teléfonos y llamadas en la causa que los investiga por presiones al Grupo Indalo.

Los jueces de la sala tercera del máximo tribunal penal resolvieron “no hacer lugar a los recursos extraordinarios” presentados por los abogados de los acusados, y en ese marco el juez de Casación Juan Carlos Gemignani sostuvo que “los planteos ­deducidos por las esforzadas defensas se remiten a cuestiones de hecho y prueba y derecho común y procesal, los cuales, sabido es, resultan ajenos a la vía extraordinaria intentada”.

Sobre este punto, los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci indicaron que “toda vez que la decisión impugnada no resulta una sentencia definitiva ni equiparable, como asimismo que no se ha acreditado debidamente la existencia de una cuestión federal ni de gravedad institucional, adherimos al rechazo de los recursos extraordinarios interpuestos, con costas”.

La jueza Servini ordenó los entrecruzamientos de llamadas entre los imputados para determinar si se contactaron entre sí o con personas que podrían resultar de trascendencia para la investigación en fechas consideradas claves en la pesquisa.

Los planteos de las defensas de Macri y Rodríguez Simón tienen por objetivo evitar que la jueza acceda a un informe ya elaborado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, sobre los llamados telefónicos entrantes y salientes de los acusados en torno a distintas fechas trascendentes para el expediente.

Tras la apelación, la Cámara Federal porteña ratificó la medida, pero le ordenó a la magistrada circunscribirla a hechos concretos de la investigación y no realizarla de manera general.

El 29 de octubre pasado, Servini delimitó “el marco temporal de la medida de prueba dispuesta a los diez días anteriores y posteriores” a ciertos sucesos y las defensas volvieron a apelar y alegaron “violaciones al derecho a la intimidad, como asimismo cuestiones de Estado y de seguridad nacional”, recordó Casación al rechazar estos recursos por “inadmisibles”.

Servini ordenó pedir los informes por hechos puntuales ocurridos desde el 25 de octubre de 2015 hasta el 9 de abril de 2019, incluidas las detenciones y posteriores liberaciones de López y De Sousa por supuestos delitos en su petrolera Oil Combustibles.

En la denuncia se marca que los acusados habrían “ejercido presiones a partir de actos públicos y en la esfera privada de los dueños del Grupo Indalo, con reuniones en las que habrían participado funcionarios públicos y hasta el mismísimo (por ese entonces) presidente Macri”.