Milei incumplió las metas del FMI y espera un salvataje
El Gobierno nacional enfrenta tensiones por falta de reservas y desajuste fiscal mientras espera un nuevo salvavidas del organismo internacional.
Capital Humano minimizó la urgencia alimentaria y desestimó los reclamos por la falta de asistencia en comedores populares.
15/01/2026 - 00:00hs
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, difundió un comunicado que generó rechazo por su tono descalificador hacia las organizaciones sociales que reclaman alimentos para comedores populares. En el documento, la cartera acusó a las entidades de “lucrar con la intermediación de la pobreza” y de utilizar la Justicia con fines políticos. La respuesta oficial se produjo tras la decisión judicial de habilitar la feria para tratar el reclamo, lo que evidenció la urgencia de la situación.
El Gobierno sostuvo que las organizaciones dilatan la firma de convenios y que no existe voluntad real de resolver la crisis. Sin embargo, la acusación contrasta con la realidad de miles de familias que dependen de los comedores para acceder a un plato de comida. La narrativa oficial busca instalar que la emergencia es un recurso mediático, mientras la falta de asistencia concreta profundiza la vulnerabilidad.
Eludiendo responsabilidades
La cartera utilizó como ejemplo el rechazo de la Asociación Civil El Amanecer de los Cartoneros a una citación para renovar convenios. En sus argumentos, Capital Humano omite que la Justicia calificó el reclamo como urgente y habilitó la feria al reconocer un riesgo grave e inminente. El Gobierno eligió convertir un trámite administrativo en argumento político, reforzando la idea de que la crisis es un invento de la oposición.
Confrontación sin soluciones
El comunicado también apuntó contra la UTEP y el CELS, acusándolos de manipular la situación para desprestigiar a la ministra Pettovello. La respuesta oficial se exhibe como una defensa de la supuesta “eficacia estatal”, pero en vez de asumir la responsabilidad por la falta de alimentos, apunta sus ataques contra quienes denuncian la emergencia. El contraste entre el discurso de reducción de la pobreza y la realidad de los comedores vacíos expone una política que prioriza la confrontación antes que la solución.
La estrategia oficial de desacreditar a las organizaciones refleja un Gobierno más preocupado por blindar su imagen que por atender las necesidades urgentes de la población vulnerable. La crítica a los sectores sociales se convierte en un recurso para desplazar responsabilidades, mientras la crisis alimentaria sigue sin respuesta concreta.