Causa peajes: Javier Iguacel se negó a declarar

El exministro de Energía del gobierno de Cambiemos, Javier Iguacel, se negó ayer a prestar declaración indagatoria en la causa en la que se investigan supuestos delitos cometidos en la prórroga de concesión de contratos de peajes, que habrían sucedido cuando estaba al frente de Vialidad Nacional.

El exfuncionario macrista se conectó por videoconferencia, al igual que lo hizo su abogado defensor, Hugo Wortman Jofre, para cumplir con el trámite dispuesto por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, y ante los funcionarios del juzgado solo manifestó su negativa a prestar declaración indagatoria, según lo que informaron fuentes judiciales.

Quien está citado para hoy en la misma investigación es el ex procurador general de la Nación Bernardo Saravia Frías.
Además, en el marco de la misma causa, se citó a indagatoria al exministro de Hacienda Nicolás Dujovne y al exministro de Transporte Guillermo Dietrich. También fueron imputados Ricardo

Stoddart, a cargo de Asuntos Jurídicos de Vialidad, y el presidente del directorio de Autopistas del Sol, Andrés Alfonso Barberis Martín. Además, el juez Canicoba Corral les había dictado a todos los citados la prohibición de salir del país para “garantizar la comparecencia” de los imputados.

En la causa se investigan presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de concesionarias de peajes en las autopistas Panamericana y Acceso Oeste, que habrían beneficiado a empresas vinculadas con el expresidente Mauricio Macri.

Además, se investiga el pago de unos 500 millones de dólares como compensación por “inversiones no amortizadas”.
Los contratos se renegociaron hasta 2030 cuando Iguacel era director de Vialidad Nacional.

La causa nació con una denuncia de los diputados kirchneristas Rodolfo Tailhade, Adrián Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau. Allí sostuvieron que la empresa Abertis inició dos reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que depende del Banco Mundial, en los que se exigía una cifra millonaria en dólares por supuestos atrasos tarifarios por los que debía responder el Estado argentino.