Denunciaron a Larreta por usar datos biométricos sin “justificación racional”

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) denunció penalmente por “violación de secretos” a las autoridades del gobierno porteño por la presunta utilización de datos biométricos sin una “justificación racional”.

La investigación fue realizada por el fiscal Sergio Rodríguez, quien el último jueves resolvió, en un expediente de 31 páginas, efectuar la denuncia penal por hechos que se encuadran en el de “acción pública previstos en el artículo 157” del Código Penal.

Ese artículo prevé penas de un mes a dos años de cárcel e inhabilitación al funcionario público que “revelare hechos, actuaciones, documentos o datos que por ley deben ser secretos”.

El pasado viernes la causa fue sorteada, y será el Juzgado Federal y Correccional n°3 el que en adelante investigue los hechos.

Se trata de posibles irregularidades en el “uso de datos biométricos por parte del gobierno de la Ciudad” provistos por el Registro Nacional de las Personas (Renaper), en acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, conducido en aquel momento por Marcelo D’Alessandro, quien renunció al cargo por la filtración de chats de otra causa.

En ese convenio, suscripto en 2019 entre el Renaper y el Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, se estableció que el Registro Nacional de las Personas brindaría “información disponible en sus sistemas informáticos” para “identificar y/o verificar la identidad de las personas sobre las cuales el Ministerio desarrolle las tareas requeridas por el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma”. Pero en el mismo acuerdo se establecía que “se encontraba prohibida la utilización de la información brindada” para “fines distintos a los mencionados”.

Por qué se denunció al gobierno de la Ciudad

El fiscal Rodríguez señaló que, mientras la base de datos de Consulta Nacional de Rebeldías y Capturas (Conarc) contaba hasta 2020 con 40.000 registros de personas buscadas por el Poder Judicial, el gobierno porteño ­realizó “más de 18 millones de consultas de registros existentes”.

Según la denuncia, estos accesos a la base de datos del Renaper por parte del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño “parecerían no tener una justificación racional a la luz de los datos aportados, lo que permitiría presumir que no estarían justificados, por lo que podría calificárselos de ilegales”.

Por lo tanto, Rodríguez resolvió iniciar “un sumario administrativo” para las autoridades del Renaper por la información brindada y por no velar por el cumplimiento de la ley 25.326 de Protección de Datos Personales. Además, efectuó la denuncia penal contra los funcionarios del gobierno de la Ciudad.

Sobre quiénes se pidió información

Entre las personas por las que el gobierno porteño solicitó datos se encuentran la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; la fallecida titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni; el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni; la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman; y el dirigente social Juan Grabois.

El fiscal Rodríguez relevó que la mayor cantidad de solicitudes recayeron sobre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner (226 consultas), el desaparecido policía porteño ­Arshak Karhanyan (92 veces) y el Presidente Alberto Fernández (76 consultas).

Pero también hay dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) y personas afines: la presidenta del PRO en uso de licencia, Patricia Bullrich; la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió; el precandidato a jefe de Gobierno porteño Ricardo López Murphy; el diputado de Avanza Libertad, José Luis Espert; el gobernador jujeño y precandidato a presidente del radicalismo, Gerardo Morales; el diputado radical Facundo Manes; y el precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei.