En un clima tenso el Senado retomó el debate por la Ley de Alquileres
La discusión sobre la posible modificación de la normativa volvió a estar en agenda ayer, en una jornada llena de chicanas y disputas.
La diputada Maite Alvado impulsa un proyecto que establece la capacitación obligatoria en temáticas de derechos humanos.
07/09/2023 - 00:00hs
La diputada bonaerense de Unión por la Patria Maite Alvado, en conjunto con el Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, presentó un proyecto de ley el 5 de septiembre para capacitar de forma obligatoria a las autoridades sobre “las temáticas de derechos humanos, genocidios, negacionismo y discursos de odio”.
El proyecto prevé que “todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, ya sea por cargo electivo, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, tanto a nivel provincial como municipal, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los organismos autárquicos respectivos y los entes de derecho públicos no estatales”, realicen capacitaciones a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, que serviría como autoridad de aplicación.
“La formación y capacitación permanente en la temática de derechos humanos, genocidios, negacionismo y discursos de odio otorgará puntaje en los casos que fije la reglamentación y será requisito obligatorio para la promoción a niveles superiores por concurso o progresión en el desempeño de la función pública”, señala uno de los artículos.
Al respecto, y tras la polémica que generó la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel, Aram Mouratian, director del Consejo Nacional Armenio de Sudamérica, explicó: “El avance del negacionismo y la proliferación de discursos de odio deben ser siempre una preocupación para cualquier sociedad democrática. Es la base sobre la que se comienzan a legitimar los crímenes de lesa humanidad. Sobran ejemplos de cómo la deshumanización, el prejuicio y la relativización de crímenes del pasado pavimentan el camino a nuevas violaciones a los derechos humanos. El Estado necesita herramientas para combatirlo, y la formación de sus funcionarios es un paso fundamental en esta dirección”.