Diputados no pudo votar la boleta única

La Cámara de Diputados volvió a sesionar ayer al mediodía en el Congreso de la Nación, con la idea de tratar el proyecto de implementación de la boleta única para todo el país en las próximas elecciones de 2023.

Sin embargo, la oposición no logró reunir los dos tercios de los votos en el recinto y, por lo tanto, a partir del próximo 11 de mayo el proyecto comenzará a ser debatido en un plenario de comisiones.

El Frente de Todos votó contra el emplazamiento, pero la mayoría de los bloques de la oposición logró aprobar, por 132 votos contra 116 y 3 abstenciones, una moción para que las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia se constituyan y comiencen a tratar a partir del 11 de mayo los proyectos que impulsan la implementación de la boleta única de papel.

Los 116 votos en contra fueron del bloque oficialista, el Frente de Todos, del bloque SER. La izquierda se abstuvo, excepto la diputada Romina Del Plá, que apoyó el emplazamiento.

Juntos por el Cambio fue respaldado por el interbloque Federal, el interbloque Provincias Unidas, por los cuatro diputados liberales –de Avanza Libertad y de La Libertad Avanza–, por el neuquino Rolando Figueroa y el riojano Felipe ­Álvarez.

Después de que la votación resultara negativa, la diputada Silvia Lospennato, de Juntos por el Cambio, propuso una moción reglamentaria para que se dispusiera el emplazamiento de las comisiones que deben tratar los proyectos de boleta única y para que el martes 10 de mayo se constituyan las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y que comiencen a debatirse los proyectos en un plenario a partir del miércoles 11.

Incentivos a la construcción

También se debatió el proyecto referido a los incentivos para fomentar la construcción, que permite disminuir impuestos en el marco específico de un blanqueo de capitales no registrados. Con 172 votos afirmativos, 20 negativos y 45 abstenciones, se aprobó la prórroga, durante 180 días y por única vez, del régimen de incentivo a la construcción federal argentina y acceso a la vivienda, que establece beneficios fiscales.

VIH, hepatitis y tuberculosis

Tras el fracaso de la oposición de no poder votar la boleta única, la Cámara baja aprobó por 241 votos afirmativos y 8 negativos el proyecto de ley de VIH, Hepatitis ­Virales, Tuberculosis e Infecciones de Transmisión Sexual, que ­pro­pone un abordaje integral desde la salud colectiva y busca brindar contención e información para derribar prejuicios y situaciones de discriminación.

Para su aprobación total, la ley que deberá tratarse en el Senado plantea un cambio de perspectiva y pone foco en lo social, apuntando a mejorar la calidad de vida y prevenir muertes evitables.

Además, se propone que toda prueba para detectar esas patologías deberá ser voluntaria, ­gra­tuita, confidencial y universal, a la vez que promueve la creación de un régimen de jubilación especial, de carácter excepcional para quienes transiten las enfermedades de VIH y hepatitis B o C, así como una ­pensión no contributiva de carácter vitalicio para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social.

De este modo, quienes acrediten al menos diez años desde el diagnóstico de la enfermedad y veinte años de aportes jubilatorios pueden solicitar la jubilación a partir de los 50 años.

El proyecto, presentado por la diputada del Frente de Todos ­Carolina Gaillard, también promueve la capacitación, investigación, difusión de campañas masivas y la ­conformación de una comisión nacional de VIH, He­patitis Virales, Otras ITS y Tuberculosis, integrada de forma interministerial e intersectorial por representantes de los organismos estatales, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil con trabajo en estas patologías.

También se propone un ­ob­servatorio nacional sobre es­tigma y discriminación, con el objetivo de visibilizar, documentar, disuadir y erradicar las vulneraciones a los derechos humanos de las personas afectadas.

Cannabis y cáñamo

Al cierre de la sesión, se trató el proyecto para promover la producción del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. El mismo fue dictaminado el pasado lunes por las comisiones de Presupuesto y de Agricultura con acuerdo de la mayoría de sus integrantes.

Esta ley promueve mecanismos de autorizaciones para los productores y comercializadores, además de estrategias de seguridad, ­fis­calización y trazabilidad en la cadena.

El objetivo es brindar un marco regulatorio para la inversión pú­blica y privada en todo el proceso industrial del cannabis medicinal y complementar la actual legislación, la ley 27.350, que autoriza el uso terapéutico y paliativo del producto. En el caso del cáñamo industrial, apunta a legalizar los eslabones productivos, los de co­mer­cialización y sus subproductos.

El proyecto contempla también la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público que oficiará como órgano rector y ­articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la ­Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (Ariccame).

Esta iniciativa se convirtió en ley ya entrada la noche, con 155 votos afirmativos, 56 negativos y 19 abstenciones, ya que había sido aprobada anteriormente en el Senado.