Dudas y certezas sobre lo que nos espera en 2018

Comienza un nuevo año y, con ello, la esperanza de un futuro cargado de bonanza se renueva. La Argentina de 2017 termina con un ambiente convulsionado desde lo político, lo social y lo económico, que amenaza con hacer del año que comienza mañana una temporada cargada de expectativas por saber qué es lo que vendrá.

El año que se cierra avizora en muchos sentidos que la violencia política, en caso de no solucionarse los problemas económicos, puede ir aumentando en forma paulatina. Esto podría poner en riesgo el poder consolidado por 

Cambiemos en todo el país en las pasadas elecciones legislativas, que tiñeron de amarillo casi todo el mapa nacional.

Las encuestas y sondeos de opinión dados a conocer a lo largo de las últimas semanas, muestran que los temas que más preocupan a la población en su conjunto son las diferentes variables que viene afrontando la situación económica, la dispersión de una clase dirigente que no se pone de acuerdo en las reglas a seguir para fortalecer el crecimiento nacional a futuro, la situación de los jubilados tras la reforma previsional, la inseguridad, el desempleo, la industria, las economías regionales, y el estado de la Justicia.

Especialistas consultados por diario Hoy  analizan qué es lo que nos espera a los argentinos en este 2018 que comienza a calentar motores en diferentes rubros de la sociedad. Además, explican cuáles son los principales problemas en los que las autoridades deberán incidir si es que quieren brindar una solución rápida y concreta a los problemas que aquejan a la ciudadanía.

Oficialismo consolidado y oposición en búsqueda de alternativas

Las elecciones legislativas dejaron a un oficialismo consolidado en las urnas, que le brindó al Presidente Mauricio Macri el capital político para ejecutar un sinfín de reformas que llevaron a que el fin de 2017 haya tenido al Congreso nacional en el centro de la escena.

El afianzamiento oficial, sumado a la diáspora opositora, marcarán un año que comienza con una agenda donde lo central pasará por el diálogo y el consenso entre todas las fuerzas con representación parlamentaria para así iniciar una “nueva era” en la Argentina

Ante la consulta de este medio, el titular del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayoría, Rosendo Fraga, aseveró que “Macri arrancó 2017 a la defensiva y lo terminó con un contundente triunfo electoral que consolidó su poder, sin alcanzar mayoría en ninguna cámara pero pudiendo plantear la posibilidad de reelección en 2019. La irrupción de la violencia política en las calles en diciembre, deja un imponderable para 2018 por lo que puede llegar a pasar en caso de que las reformas se profundicen y el impacto que tenga en la población sea mayor al esperado”.

En tanto, para el analista Carlos Germano, “hay una consolidación política de Cambiemos, con un peronismo en estado de revulsión que le abre al oficialismo buenas posibilidades en lo que se avecina. El año arrancará para el gobierno logrando consenso con el PJ ligado a gobernadores e intendentes, como así también con el massismo. El talón de Aquiles es la economía y ese es el gran desafío que tiene el Gobierno en 2018”.

Pablo Knopoff, titular de la consultora Isonomía, sostiene que “viene una discusión que se va a dar por espacios, algunos con liderazgos claros, pero que en definitiva no logran poner en la sociedad la sensación de que la política le soluciona los problemas. Macri y Vidal son los líderes del oficialismo, Cristina Kirchner es la principal referente opositora, mientras que el peronismo y el massismo están disueltos y sin posibilidades de crecimiento por ahora”.

Enderezar el rumbo económico, clave para lo que se viene

La readecuación de las metas inflacionarias por parte del Gobierno nacional la semana que pasó abrió ciertos interrogantes sobre lo que puede llegar a pasar con la economía nacional en 2018. La puerta abierta a un mayor nivel de inflación, así como también la elaboración de proyectos y reformas para reducir el déficit fiscal, el gasto público y atraer inversiones del extranjero, han originado una hendidura de cara a lo que se viene en la economía de la mano del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

En diálogo con diario Hoy, el exsecretario de Comercio Interior, Juan Dumas, señaló que “el Gobierno ha dado muestras de querer avanzar en la reducción del gasto público, que es un tema que lo obsesiona, y está tomando los pasos para ir reduciéndolo. Siempre es difícil porque en la medida en que uno lo hace son medidas impopulares en general, como son los aumentos de tarifas”.

Para el economista, “las medidas tomadas por el Gobierno van en la dirección correcta y en 2018 tendrán su fruto con un crecimiento gradual de la economía, una baja inflacionaria y un desarrollo de la industria y la producción que posibilitarán una progresión para los sectores más vulnerables de la sociedad”.

El economista y doctor en Ciencias Sociales, Julio Gambina, tiene una opinión diferente: “El Gobierno acelera la aprobación parlamentaria de un paquete de medidas de ajuste con fuerte impacto en los trabajadores activos y pasivos junto a beneficiarios de fondos de seguridad social. Se confirma así el objetivo de lograr mejores condiciones para la tasa de ganancia que atraigan inversiones externas, por ahora solo efectivizadas con cuentagotas”.

“El conflicto social y sindical agudizado este fin de año anticipa un 2018 de conflictividad. La inflación continúa elevada y afecta el consumo popular masivo. Las elevadas tasas de interés sostienen un rumbo especulativo entre la cotización del dólar paralelo y activos financieros asociados a la fuga de capitales. Todo esto sostenido con un creciente endeudamiento público”, resaltó Gambina.

Seguridad: el gran desafío de combatir el narcomenudeo

Cuando se analizan las políticas y estrategias implementadas por el Gobierno nacional desde que comenzó su mandato es necesario, metodológicamente, adentrarse en el funcionamiento del trípode que conforma el sistema penal: la Justicia, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario. Por otro lado, es importante conocer cuál ha sido la acción desplegada en materia de prevención social del delito y la violencia.  

Al respecto, Claudio Stampalija, doctor en Ciencias Penales y Criminología, y director del Centro de Estudios para la Prevención del Delito de la Universidad de Belgrano (Ceprede), en diálogo con diario Hoy dijo que “en lo que se refiere al sistema penal se observaron en 2017 algunos avances positivos en lo que atañe a una administración de justicia más activa, sobre todo en ilícitos de cuello blanco y, dentro de ese rubro, de hechos que tienen su esencia en la corrupción desplegada por funcionarios públicos”. 

Stampalija también destacó que “en cuanto a las fuerzas federales, sobre todo en la Policía, se advierte una mayor capacitación, habiéndose instalado un control mayor sobre los patrimonios y conductas de los agentes, para lo cual se ha creado una Dirección de Control de Integridad de las fuerzas de seguridad en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación”. 

En tanto, para el especialista, aún “quedó a la zaga del sistema el esquema carcelario que, lejos de cumplir con su mandato constitucional de rehabilitar y resocializar a los condenados, sigue mostrando una cara oscura que lo convierte en un ámbito de reciclaje criminal”. 

En cuanto a las fallas del sistema actual, Stampalija además afirmó: “En respetuosa opinión, nutrida de evidencia científica, el déficit más notorio, tanto del Gobierno nacional, como de la enorme mayoría de las administraciones provinciales, recae en la carencia de una verdadera política pública de seguridad integral, que tenga su eje central en la prevención social del delito y la violencia. Es decir, en la falta de implementación de programas multidisciplinarios focalizados”. 

“Sin duda, dentro de las políticas públicas en materia de seguridad que el Gobierno viene desarrollando las que más eficacia están mostrando son las que abordan al narcotráfico. Hay un compromiso hacia la convergencia de un modelo estadístico narcocriminal a través de la sistematización y estandarización en la recolección y carga de información, construyendo una base de datos única de organizaciones criminales. También se está avanzando en el diseño de un mapa federal georreferenciado del narcotráfico con relevamiento de rutas, hidrovías, espacio aéreo, aeropuertos, pistas clandestinas, terminales ferroviarias y de transporte automotor, trazabilidad de equipajes y encomiendas”, resaltó el experto. 

Sin embargo, para el especialista, “a un problema polifacético como es el narcomenudeo hay que responderle con estrategias multidimensionales, y para ello faltan acciones integrales”.

Hacia una Justicia de menor cuantía

Durante años, los sucesivos gobiernos han intentado la “gran solución” para los problemas que acarrean el crimen y los criminales. El sistema penal del Estado ha desvelado a políticos y técnicos, pues se ha convertido en uno de los principales reclamos de la ciudadanía (o de la “gente”, tal como indican los nuevos politólogos que debe decirse).

La incorporación de nuevas tecnologías en la Administración de la Justicia Penal ha sido una constante en estos últimos años. Era necesaria tan básica actualización frente a los vetustos expedientes judiciales, verdaderas piezas de museo, con miles de hojas y carátulas de cartón, cosidas con agujas gigantes e hilo de algodón .

Para el fiscal del Ministerio Público, Marcelo Carlos Romero, “se impone la creación de una Administración de Justicia de menor cuantía, destinada a resolver los conflictos suscitados en el seno de la comunidad que no hallan la oficina adecuada para encontrar una solución. Si bien existe ya la Justicia de Faltas y el fuero Correccional, la ausencia de una sistematización entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, léase policías y organismos de control provinciales y municipales, conspira para el arribo a soluciones de equidad entre las partes”.

Según afirmó el funcionario judicial, “una medianera discutible, ruidos molestos, malos olores, ocupación de terrenos fiscales sin violencia, entre otras cuestiones, ocupan en juzgados y fiscalías una prioridad menor frente a homicidios, robos y violaciones. Muchas veces, las conductas ni siquiera rozan el Código Penal y los expedientes son desestimados. Esto no le quita entidad ni gravedad al problema. Es más, muchos de estos entuertos entre particulares suelen terminar de manera trágica”.

“No sería un proyecto demasiado complicado para concretar y sería de gran ayuda para descomprimir fiscalías y juzgados y ofrecer a la comunidad un servicio efectivo. Bienvenidas sean las nuevas tecnologías, pero no olvidemos la imaginación al momento de realizar reformas que repercutan en el pueblo, que es el único destinatario de nuestros aciertos y desa­tinos“, subrayó Romero.

El trabajo argentino, en una encrucijada por la reforma laboral 

La reforma laboral impulsada por el Gobierno comenzaría a tratarse en sesiones extraordinarias llamadas para el mes de febrero, en donde en conversaciones con diversos sectores políticos y la Confederación General del Trabajo (CGT), el Ejecutivo intentará sacar un proyecto polémico.

El mismo incluye un blanqueo laboral para los empresarios, reducción de indemnizaciones, cambios a la Ley de Contratos de Trabajo, la creación de un fondo de despidos y la flexibilización de la jornada laboral de ocho horas, entre otros aspectos. Sin embargo, trascendió en las últimas horas que desde el Gobierno se estaría estudiando la posibilidad de dividir el proyecto, dejando para otro momento los capítulos vinculados a la Ley de Contratos de Trabajo, buscando aprobar ahora el blanqueo laboral, que se plantea como un instrumento fundamental para lograr reducir el déficit de Anses.

Federico González Rouco, analista económico de la Fundación Libertad y Progreso, señaló que “esta reforma está pensada para darle un desarrollo estructural al trabajo argentino, poniendo más ímpetu en las inversiones y en la llegada de capitales productivos al país”.

“El empresario que llega a la Argentina tendrá, en caso de sancionarse esta norma, mayor marco legal. De esta forma el empleo estatal podría llegar a bajar y, en consecuencia, subir el empleo privado. Esta entrada de capitales podría generar una modificación de la estructura productiva nacional”, destacó González Rouco.

Por su parte, Andrés Asiain, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), explicó a este medio que “la desocupación termina el año en un 8,3%, aunque existe mucho desempleado oculto, que está solventado por los planes sociales. El trabajo es dignificador y, en caso de aprobarse una ley como la planteada por el Gobierno, eso llevará ineludiblemente a mayores problemas de empleo, flexibilizando las condiciones de trabajo con la reducción de los costos laborales, que se traducirán en rentabilidad para los empresarios y pérdidas para los trabajadores”.

Jubilados: reforma previsional y después

El pasado 19 de diciembre, el Congreso nacional aprobó la reforma previsional plantea­da por el oficialismo. Con el apoyo del peronismo referenciado en los gobernadores, 

Cambiemos logró darle el visto bueno a la ley en medio de masivos reclamos e incidentes en las afueras del Parlamento.

La clave de la iniciativa oficial es que la movilidad jubilatoria se basará, a partir del año que viene, en la inflación medida por el Indec y que los aumentos se aplicarán trimestralmente, en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre. A su vez, se reglamentó, por única vez, un bono compensatorio de 750 pesos que se dará en marzo para los adultos mayores que ganen hasta 10.000 pesos, ante la pérdida que significará aplicar el nuevo cálculo.

El abogado previsionalista, Christian González D’Alessandro, afirmó a este medio que “2017 termina para los jubilados con un fuerte recorte, que, según las proyecciones, repercutirá negativamente en sus bolsillos para el año próximo con una pérdida de más de 4.500 pesos en los haberes mínimos a fines de 2018, haciendo que el que menos gane sea el que más pierda con esta reforma”.

Para el director del Instituto de Derecho de las Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón, “esto no es otra cosa que la punta del iceberg de lo que vendrá un poco más adelante con la verdadera y sustancial modificación del sistema jubilatorio, que traerá un fuerte aumento de la litigiosidad y la consecuente andanada de la industria del juicio que tanto critican desde el Gobierno pero que ellos mismos fomentan”.

La industria nacional piensa en el resurgimiento productivo

Las autoridades económicas, encabezadas por el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, planifican para 2018 una recuperación económica consolidada y una expansión del 3,5% del PBI anual, donde jugará un papel central la industria nacional.

En este año que concluye, las grandes ganadoras han sido las megaempresas exportadoras, mientras que las pymes enfocadas al mercado interno registraron números rojos que les plantean un panorama de incertidumbre de cara a lo que se viene.

Ante este escenario, Hugo Timossi, titular de la Unión Industrial del Gran La Plata, le dijo a este medio que “para la industria en general va a seguir siendo un panorama bastante complicado. Esto se da por el alto costo de fabricar, debido a razones conocidas, como es la presión tributaria; unos servicios cada vez más caros, créditos caros y cortos, logística también costosa, importaciones de mercados con los que es imposible competir por condiciones laborales, entre otros temas. Igualmente, somos optimistas de cara a lo que viene”.

Según el dirigente empresarial, “sabemos que hay sectores que han tenido un repunte importante como la obra pública, el campo o el rubro informático, pero notamos problemas en sectores como el calzado, el textil, el cuero y el metalúrgico, a los cuales se deberá apoyar para seguir siendo un país industrial y no pasar a ser comercio importador”.

“Nuestra esperanza es que se gire el rumbo hacia una Argentina productiva. Estamos en condiciones técnicas e intelectuales para lograrlo. Lo que se debe hacer es erradicar la bicicleta financiera que solo aprovechan algunos”, recalcó Timossi.

Los consumidores, con la confianza decaída

La inflación, que puede cerrar el año en un 23% o 24%, y la readecuación hecha por el Gobierno de las metas inflacionarias para el año que se inicia elevándolas del 10% al 15% marcan a las claras que las autoridades todavía no han podido controlar el aumento de precios en los bienes y servicios.

Los consumidores, principalmente los de origen más humilde, son quienes más sufren esta situación, viendo cómo sus escasos ingresos se derriten como un helado entre las manos un día de verano y se complica de sobremanera su capacidad de poder hacer frente a la adquisición de productos básicos para su subsistencia.

En diálogo con diario Hoy, el director de Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada, indicó que “el Gobierno nacional ha fallado completamente en su política antiinflacionaria, ya que no ha cumplido en sus dos años de gestión con las metas dispuestas a comienzos de año, produciendo incluso más inflación que la pensada”.

Según el dirigente de los consumidores, “nuestra preocupación es que todo esto plantea un panorama sombrío para la gente que necesita mayor generación de trabajo, mayores ingresos, mayores sueldos para poder sustentar el consumo interno. Este modelo lleva a la restricción del consumo interno y de la generación de ingresos para la gente”.

En ese sentido, Boada señaló que “la profundización del modelo económico, no hace más que asestarle golpe tras golpe a los que menos tienen. Es un escenario complicado, que a mí me gustaría que fuera otro. La realidad es que si 2017 fue duro para muchos, este año que se inicia va a ser todavía más duro”.

Con el foco puesto en la producción y las economías regionales

Un tipo de cambio más competitivo y los precios internacionales atractivos para los cereales y la producción nacional hacen que el sector rural mire con otros ojos lo que se viene en 2018. A pesar de eso, desde las asociaciones que nuclean a los productores vienen solicitándole al Poder Ejecutivo que motorice una política activa para bajar los gastos de comercialización y de flete, que elevan el costo de la producción y afectan en forma sustancial la rentabilidad del campo.

Matías De Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), dijo a este medio: “Nosotros creemos que 2018 va a ser un año difícil para el campo. Lo que deseamos desde Carbap es que haya un diálogo efectivo, y no uno de marketing con el Gobierno. Necesitamos abordar posibles soluciones”.

En ese sentido, afirmó que “si bien tenemos esperanzas de que con un nuevo tipo de cambio podamos vender a mejor precio nuestra producción al mundo, también es cierto que precisamos políticas que tengan sustento para el productor y que se den a lo largo del tiempo, que no sean pasajeras. Creemos que el Gobierno está en condiciones de plantear todo esto el año que viene”.

Para De Velazco, “las líneas de créditos se están encareciendo. Aumentan las tasas, se han quitado promociones, con lo cual todo el sistema financiero se ha vuelto más costoso para el productor agropecuario. Al mismo tiempo, si juntás eso con la presión impositiva y todos los costos nuestros, lo que hacen los incrementos es quitarnos capital de trabajo”.