Kicillof presentó el Presupuesto 2026
Tras dos años sin presupuesto, el gobernador expuso los principales lineamientos de la Ley de Leyes. Además, presentó otro pedido de endeudamiento ante el ajuste de Milei.
La administración libertaria profundiza un esquema que reduce el rol estatal y multiplica las dudas sobre el costo y la eficiencia para los usuarios.
04/11/2025 - 23:00hs
El Gobierno nacional anunció el lanzamiento de una nueva licitación pública para privatizar más de 1.800 kilómetros de rutas nacionales, en el marco de la segunda etapa de la Red Federal de Concesiones. La medida fue comunicada por el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta oficial en la red X, donde destacó que se trata de un paso hacia un modelo “transparente, competitivo y sin subsidios del Tesoro”.
Los tramos incluidos en esta instancia abarcan corredores estratégicos como el denominado Sur–Atlántico–Acceso Sur, que suma 1.325 kilómetros e incluye las autopistas Riccheri, Newbery y Ezeiza-Cañuelas, además de las rutas nacionales 3, 205 y 226; y el tramo Pampa, de 547 kilómetros, sobre la Ruta Nacional 5 entre Luján y Santa Rosa. En total, se trata de dos de los ocho corredores que integran la segunda fase del plan que prevé concesionar más de 4.400 kilómetros en el centro del país.
Antes la inminente privatización, diversos sectores advierten que el traspaso de la gestión al sector privado puede derivar en mayores costos para los usuarios, con peajes más altos y menor control estatal sobre la calidad del servicio. La promesa de eficiencia convive con la sospecha de que, en la práctica, se trata de un nuevo retroceso en la capacidad del Estado para administrar bienes estratégicos.
Un modelo que reduce el rol estatal
El ministro Caputo defendió la medida como un reemplazo de un sistema “deficitario” por otro “competitivo”. Sin embargo, la experiencia de concesiones anteriores muestra que la ecuación no siempre resulta favorable para los usuarios. En muchos casos, los contratos derivaron en aumentos sostenidos de tarifas y en obras demoradas o incumplidas. La falta de controles efectivos y la dependencia de la inversión privada generan dudas sobre la verdadera capacidad del esquema para garantizar mejoras en la red vial.
Así, la foto que deja el anuncio del Gobierno es la de un Estado que se repliega en la gestión de la infraestructura, mientras transfiere responsabilidades al sector privado. El discurso oficial habla de modernización y transparencia, pero la realidad lleva a un camino que, más que innovador, parece repetir viejas fórmulas de concesión que ya mostraron sus límites.