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La crisis en el sistema ferroviario revela una estrategia oficial que recorta servicios y personal mientras prepara activos públicos para el sector privado.
28/11/2025 - 00:00hs
El colapso diario del sistema ferroviario del país dejó de ser una postal aislada y pasó a sintetizar el rumbo que adoptó el Gobierno. La combinación de recortes operativos, menor presencia estatal y una emergencia que habilita discrecionalidad, terminó conformando un escenario donde los usuarios pagan las consecuencias de un sistema llevado al límite.
Lejos de una política de modernización integral, las decisiones oficiales apuntaron a reducir servicios y personal mientras se concentraban recursos en los activos que podrían resultar atractivos para operadores privados. La emergencia ferroviaria reforzó esa orientación al flexibilizar contrataciones, permitir reasignaciones sin controles estrictos y habilitar la incorporación de inversores en empresas estatales.
Un sistema recortado y sobrecargado
Tras el descarrilamiento en Liniers, el Sarmiento perdió el 30% de sus servicios y dejó sin funcionamiento los trenes rápidos, medida que saturó aún más un ramal que transporta a cientos de miles de personas cada día. Esto no se trató de un hecho aislado. La red completa experimentó una caída de frecuencias, demoras extendidas y suspensión de ramales, mientras la seguridad quedó expuesta por el deterioro de la infraestructura esencial.
A esta situación se sumó la decisión política de declarar privatizables a todas las empresas ferroviarias dentro de la Ley Bases, incorporando la posibilidad de vender material rodante e infraestructura. Aunque el sector recibió un recorte menor que otras empresas estatales, las transferencias reales disminuyeron y afectaron la operación diaria. La advertencia interna sobre el desfinanciamiento, realizada poco antes del choque en la línea San Martín, confirmó que la empresa operaba por debajo de niveles aceptables, sin capacidad plena para sostener señalamiento, mantenimiento ni tiempos de reparación.
Ajuste de personal y negocios en disputa
Por otra parte, el Gobierno impulsó una reducción significativa de personal mediante retiros, jubilaciones anticipadas y despidos. La decisión dejó áreas críticas con dificultades para cumplir tareas básicas.
Los servicios de larga distancia también quedaron atrapados en la lógica del ajuste. Una docena de ramales fue suspendida o recortada y el movimiento de pasajeros cayó de manera notable. Este retroceso funcional se convirtió en argumento para avanzar hacia concesiones, a pesar de que el sistema no resulta rentable sin aportes del Estado. Por eso el Gobierno concentró inversiones únicamente en tramos estratégicos que podrían resultar atractivos para operadores privados o para provincias interesadas en asumir la gestión.
En este escenario, Belgrano Cargas y Logística funciona como el laboratorio más avanzado del proceso. Empresas dedicadas al agro y la logística evalúan quedarse con corredores renovados en los últimos años. Así, mientras el Estado reduce servicios esenciales y deteriora la experiencia cotidiana de viaje, sostiene obras selectivas que valorizan activos públicos con la mirada puesta en una futura transferencia.
La modernización prometida se convirtió en un ajuste que vacía el servicio público y engorda el negocio privado, dejando a los pasajeros como testigos forzados de un colapso anunciado.