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La Ley Audiovisual impulsada por el mandatario Axel Kicillof generó tensión con el Gobierno nacional y expone el choque de visiones sobre el rol del Estado.
01/12/2025 - 00:00hs
La sanción de la ley audiovisual bonaerense no quedó en el plano provincial. Apenas aprobada, el bautizado “Incaa bonaerense” generó repercusiones inmediatas en la política nacional y abrió un nuevo capítulo de tensión entre Axel Kicillof y Javier Milei. La medida, que declara estratégica la actividad audiovisual y crea un fondo inicial de $675 millones, fue interpretada como un desafío directo al ajuste cultural que impulsa la Casa Rosada.
Cruces entre Nación y Provincia
Desde el Gobierno nacional, las críticas no tardaron en llegar. Voceros libertarios calificaron la iniciativa como “populismo cultural” y cuestionaron el gasto en un contexto de recortes. La administración bonaerense, por su parte, afirmó que la medida apunta a sostener el empleo audiovisual y blindar un sector que, según remarcan, genera identidad y exportaciones. El contraste expuso con claridad dos modelos, uno que apuesta a la presencia activa del Estado y otro que insiste en reducirla al mínimo.
Con ese marco, Kicillof defendió la ley como una política productiva y cultural, mientras que, desde Nación, insisten en que el INCAA debe achicarse y limitar su alcance. El malestar se trasladó al Congreso, donde legisladores oficialistas cuestionaron la contradicción entre la austeridad nacional y la decisión provincial de crear un organismo propio. En los medios, funcionarios libertarios acusaron a la Provincia de sostener estructuras “obsoletas”, mientras productores independientes celebraron la medida como un respaldo en tiempos de incertidumbre.
Un nuevo capítulo de la batalla cultural
La disputa se convirtió en un espejo de la puja más amplia entre Nación y Provincia. Para Milei, la cultura debe sostenerse con aportes privados y mecanismos de mercado. Para Kicillof, es parte de la economía del conocimiento y requiere políticas públicas estables. El resultado es un escenario de doble lectura, una administración provincial que busca consolidar producción y empleo, y un Gobierno nacional cuyo repliegue complica la sostenibilidad del sector en el resto del país.
La repercusión política de la medida fue inmediata, y amenaza con profundizarse. El “Incaa bonaerense” reabre la batalla cultural y deja expuestos dos modelos en abierta confrontación.